Las Asambleas por el agua, vecinos y organizaciones barriales de todo Mendoza celebran este sábado los 13 años de la sanción de la Ley 7722, que los ambientalistas llaman "guardiana del agua" por prohibir el uso de cianuro en la minería, y que sucesivos gobiernos trataron de voltear, incluído el de Suarez ni bien se inició, y no pudieron impedidos por una gran movilización popular.
En las redes con el hashtag #La7722NoSeToca y #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia
comparten fotos y recuerdan la pueblada del agua de diciembre, cuando la Legislatura -merced a un pacto político UCR-PRO-PJ- derribó la Ley, y el gobernador tuvo que dar marcha atrás por las protestas masivas en todos los rincones de la provincia.
La historia de una ley defendida en las calles
La Ley 7722 fue sancionada el 20 de junio de 2007, promulgada un día después y publicada en el Boletín Oficial la jornada posterior. Condensó los intereses de un incipiente movimiento que surgió desde San Carlos contra la política minera del entonces gobernador Julio Cobos y su ministra de Economía, Laura Montero.
A esa altura, tenía más de dos años de desarrollo el conflicto por el uso del agua y las mezclas tóxicas necesarias para la megaminería. La ley contempló los límites a la minería que planteaban sectores de la sociedad enrolados en la defensa del agua y la producción agrícola.
