Después de los cuestionamientos de Amnistía Internacional a las cárceles locales y del fogoneo del Gobierno para que avance el negocio del empresario Omar Álvarez para construir una cárcel privada, se difundió una carta de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), que le reclamó a Paco Pérez la no asignación de presupuesto para el funcionamiento del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLP) de Mendoza, a cargo del abogado Fabricio Imparado, primer procurador de personas privadas de la libertad de esta provincia, que asumió en febrero.
La ONG -fundada por Jean-Jacques Gautier con sede en Ginebra y ramas en América Latina- fustigó al Gobierno por haber creado el cargo pero al mismo tiempo impedir que funcione y lo instó a que cumpla "con su responsabilidad internacional y, de manera urgente, lo doten de recursos suficientes, para que pueda desarrollar de manera efectiva e independiente el mandato para el que fue creado".
Señalaron que el organismo que preside Imparado enfrenta una situación de precariedad que "se manifiesta en la falta de asignación presupuestaria y de recursos mínimos para operar, tales como una oficina, mobiliario, personal, teléfono fijo o vehículo, todos ellos necesarios para realizar inspecciones a los centros de privación de libertad y gestionar los reclamos derivados de las mismas".
La carta de la APT se difundió días después de los cuestionamientos por malos tratos a los internos en los penales mendocinos por parte de Amnistía Internacional, a los cuales el responsable del Sistema Penitenciario, Eduardo Orellana, respondió que esperan mejorar las condiciones cuando se haga la cárcel privada, un negocio que manejará el empresario de obras y medios Omar Álvarez. "Si entiendo como mal trato que los internos no tengan las comodidades que tendrían que tener, por eso estamos a la espera de que se apruebe el emprendimiento privado para construir 1000 nuevas plazas", subrayó el funcionario, citado por el portal Mdz.
"El MLP comenzó sus funciones el pasado mes de febrero. Desde entonces, el encargado de este órgano, el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, ha solicitado en reiteradas ocasiones tanto al Gobernador de la provincia como al Ministro de Hacienda y Finanzas, la dotación de partidas presupuestarias necesarias para asegurar que la institución que representa sea efectiva. Lamentablemente,
hasta la fecha no ha habido avances sustanciales que den a entender que esta
situación cambiará", indicaron en el documento.
Lo anterior, siguieron, "preocupa si se tienen en cuenta los casos de tortura y malos tratos documentados por la sociedad civil de la provincia (violencia institucional e intracarcelaria, condiciones higiénicas, encierros prolongados etc...), así como por las recientes declaraciones emitidas por Amnistía Internacional, en donde a través de una carta pública dirigida al Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, la organización afirma haber recibido numerosas denuncias de tortura y malos tratos y solicita información al respecto. En la misma carta, se destaca la situación precaria del MLP y cómo “esto limita enormemente su trabajo y su efectividad para, por ejemplo, dar un seguimiento adecuado a las denuncias recibidas por torturas u otras violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios”.
Este es el documento difundido por la ong:
