El 24 de enero de 2025, Flavio González —vecino y asambleísta de Uspallata— fue brutalmente agredido durante una movilización pacífica contra el Proyecto Minero San Jorge. La marcha coincidía con la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en la villa cordillerana. González, integrante activo de la Asamblea por el Agua, recibió golpes de puño en el rostro por parte de un grupo de hombres. La agresión fue interrumpida por Mauricio Cornejo, otro vecino, quien logró dispersar a los atacantes utilizando un matafuego.
El expediente judicial N° P-11616/25, caratulado "F. C/ N.N. S/ lesiones graves", permanece estancado en el Ministerio Público Fiscal, sin avances sustantivos ni imputaciones concretas. A casi nueve meses del hecho, la causa refleja una preocupante inacción institucional frente a la violencia contra defensores ambientales.
"Así dejaron a Flavio"
Macarena Limousin, la esposa de Flavio, denunció la persecución contra asambleístas en la audiencia del Gobierno y San Jorge. “En tan solo ocho minutos vinieron a pegarnos. Casi matan a Flavio, le rompieron el tabique en tres partes”, soltó, y su voz quebró el silencio institucional del espacio controlado al detalle por el oficialismo.
Su testimonio, cargado de dolor, memoria y denuncia, se convirtió en el eje de una jornada marcada por la tensión entre el relato oficial y la resistencia territorial contra la megaminería.
Más vecinos agredidos en una jornada de tensión
Mauricio Cornejo, dueño de un comercio de productos regionales, también fue víctima de ataques ese mismo día. Su local fue violentado en medio de la tensión generada por la llegada de una columna de la UOCRA a Uspallata. Minutos después, se produjo el choque con vecinos que se manifestaban pacíficamente contra el avance megaminero.
La denuncia de González fue respaldada por registros audiovisuales que documentan la llegada de la columna gremial, así como fotografías de los agresores, algunos identificables por cámaras de seguridad de comercios cercanos. Sin embargo, la Fiscalía no ha tomado medidas concretas para avanzar en la investigación ni convocar a los responsables.
La APDH exige investigar, pero la Fiscalía se niega
Ante la parálisis judicial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentó ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional para exigir que se investigue el caso. El 4 de septiembre, la fiscal Florencia Díaz Peralta rechazó la solicitud de la APDH de constituirse como querellante particular, argumentando que el hecho no reviste relevancia institucional ni afecta bienes jurídicos colectivos.
La resolución sostiene que se trata de un conflicto entre particulares, negando legitimación activa a la APDH. Según la fiscalía, el caso no involucra a funcionarios públicos ni configura una afectación a derechos colectivos, desestimando así el contexto ambiental y territorial en el que ocurrió la agresión.
La APDH respondió con un comunicado público denunciando arbitrariedades del Ministerio Público Fiscal y señalando que la omisión investigativa constituye una grave falta institucional, especialmente en casos que involucran la defensa de derechos humanos y ambientales.
Citación tardía
El mismo día del rechazo fiscal, González fue citado al Cuerpo Médico Forense para constatar las lesiones sufridas en enero, es decir, con nueve meses de retraso. El vecino ya se había presentado en ese organismo pocos días después del ataque. “Tuve que perder un día de trabajo por este capricho. Cuando pregunté qué pasó con la anterior revisación, me dijeron que la médica que la hizo se había tomado licencia por tiempo indefinido y se había llevado el expediente”, relató González.
Este episodio se suma a una cadena de negligencias que refuerzan la denuncia de la APDH: la violencia contra defensores ambientales en contextos de actividad extractiva, un encuadre jurídico específico contemplado por el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a proteger a quienes defienden el ambiente.
Escazú, omisiones y apelación
Organizaciones territoriales y asambleístas que respaldan a González advierten que el caso expone una preocupante desprotección institucional frente a la violencia ambiental. La negativa de la Fiscalía a reconocer la relevancia colectiva del hecho contradice los compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.
Por todo esto, la APDH anunció que apelará el rechazo de la fiscal Díaz Peralta, exigiendo que se investigue con perspectiva de derechos humanos y se garantice justicia para Flavio González y los vecinos agredidos en Uspallata.
