Vecinos y asambleístas de Uspallata enviaron documentación para incorporar al expediente oficial del proyecto minero San Jorge una contundente expresión ciudadana: 2.448 pronunciamientos certificados en contra del emprendimiento extractivo. La documentación, enviada por correo electrónico a las autoridades provinciales, incluye el Acta Notarial de Constatación de la audiencia popular realizada el 2 de agosto y una recopilación extraprotocolar de adhesiones recibidas hasta el 5 de agosto.
La audiencia popular, celebrada en la parroquia de Uspallata, fue organizada por la comunidad local ante la falta de canales institucionales para expresar su rechazo al proyecto PSJ.
Allí se registraron 1.592 oposiciones formales, a las que se sumaron otras 856 enviadas por correo electrónico por ciudadanos que no pudieron asistir presencialmente. Todo el proceso fue cuidadosamente certificado y ahora forma parte del expediente que será evaluado en la instancia legislativa.
El oficialismo desestima, la comunidad documenta
La presentación vecinal se da en un contexto de deslegitimación por parte de funcionarios provinciales. El director de Minería, Jerónimo Shantal, declaró en una entrevista radial que “lo que no existe en el expediente, no existe”, minimizando el valor de la audiencia popular. En sintonía, la ministra Jimena Latorre desestimó el encuentro comunitario calificándolo como “una manifestación” sin carácter institucional.
Sin embargo, con la incorporación formal de los pronunciamientos, el Gobierno se ve obligado a reconocer lo ocurrido en Uspallata. La comunidad no solo dejó constancia legal, sino que visibilizó una postura que se sostiene desde hace años: la megaminería no cuenta con licencia social en Mendoza.
La presentación no es solo un trámite administrativo. Es un acto colectivo que reafirma el compromiso de la ciudadanía con la defensa del agua, el territorio y un modelo de desarrollo sustentable.
Dos audiencias por San Jorge reavivaron la fractura social que causó la minería en Uspallata
