El próximo 2 de agosto el centro urbano de Uspallata será escenario de una jornada autogestionada que busca devolverle a la participación ciudadana su sentido original: colectivo, público y vinculante. Un grupo de vecinos de la localidad, junto a asambleas socioambientales y comunidades de pueblos originarios, reiteró la convocatoria a una “Audiencia Pública del Pueblo” para auditar el polémico proyecto megaminero “PSJ cobre mendocino”. Este sábado, además, habrá otro caravanazo en la villa cordillerana en oposición a la construcción de la mina.
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El evento popular es una respuesta directa a la audiencia oficial convocada por el Gobierno de Mendoza, que se hará el predio privado de la empresa Minera San Jorge —propiedad de Solway Holding (Malta/Suiza) y la corporación argentina Alberdi (Grupo Rapallini-Gatti)—, una sede “alejada de Uspallata, con dificultades de acceso, elevada altitud y clima hostil, en temporada alta turística”, enumeraron.
La audiencia pública oficial tendrá el respaldo logístico de San Jorge, el Gobierno y los lobbistas de la megaminería. Por caso, la empresa pagará el transporte desde Uspallata hasta el campamento minero, el Ejecutivo prometió baños, wifi y calefacción en la montaña, y el dueño de diario Los Andes pondrá los micros de Andesmar desde la terminal de Mendoza hasta Uspallata.
Para los vecinos y asambleístas, esta elección de lugar “dificulta y limita o restringe la participación”, violando así derechos consagrados por el Acuerdo de Escazú y la Convención internacional sobre los derechos para las personas discapacitadas.
Una audiencia "ilegal e ilegítima"
El comunicado enfatiza que la audiencia del gobierno “es ilegal e ilegítima”, y remarca que “se han interpuesto recursos administrativos y judiciales” solicitando que se realice en un espacio público y céntrico. Ante la reiterada negativa oficial, los vecinos decidieron ejercer su derecho consuetudinario a la autodeterminación de los pueblos: “La Audiencia Pública del Pueblo es un acto no formal, popular y político, cuyo objetivo es garantizar la real y verdadera participación”.
La metodología de la audiencia popular evita cualquier filtro institucional: “No hace falta inscripción previa. Las personas deberán presentarse con su DNI y registrarse a su arribo, a fin de poder certificar sus intervenciones”.
Quienes quieran pronunciarse recibirán un número de llamado, un formulario de pronunciamiento opcional, y podrán dejar constancia escrita en el libro de actas, enviar textos por mail, o audios y videos de un minuto al correo o WhatsApp oficial. “Las niñeces también podrán expresarse, presentando sus propios escritos o dibujos”, remarca el texto, en una apuesta explícita por la participación integral.
Habrá un escribano público
Una de las frases que resume el espíritu de la convocatoria señala: “La idea de identificar cada opinión y comentario es poder cumplimentar los requisitos mínimos de legalidad propios de las audiencias públicas, con el objeto de que todo lo que se diga pueda ser certificado y autenticado, para ser incorporado al expediente del proyecto”.
La jornada contará con “coordinador profesional, escribano y abogado”, y se transmitirá en vivo vía medios alternativos y radio comunitaria. La documentación audiovisual será bajada a soporte digital “para ser validado e incorporado a las actuaciones pertinentes”.
A modo de cierre, los organizadores apelan al sentido democrático profundo de la propuesta: “Demostrando que el pueblo organizado es capaz de llevar adelante todas aquellas instancias auténticas y legítimas, restringidas o vedadas por el abuso de posición dominante de los poderes políticos y económicos que pretenden controlar las decisiones de Estado”.
El comunicado invita explícitamente a asistir y difundir: “Se agradece su difusión, así como la colaboración y participación en este acto popular”. Lo que está en juego excede el cobre: se trata de quién decide y cómo.
Convocatoria a La Audiencia Pública Del Pueblo de Uspallata by Explícito Online
