En una sesión clave este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre su actuación en la polémica causa contra dos vecinos y asambleístas de Uspallata. Los detenidos, involucrados en protestas contra la mina San Jorge, fueron liberados tras la falta de pruebas en su contra, lo que ha generado un intenso debate político y social.
El pedido, impulsado por el diputado Jorge Difonso (LUM), logró incluso el apoyo del oficialismo, que buscó evitar un enfrentamiento en el recinto. Este avance se suma a otro pedido relacionado con la imputación de directivos de Fecovita, liderado por los fiscales Juan Tichelli y Alejandro Iturbide.
La Justicia usada como engranaje político en el caso de la persecución de vecinos de Uspallata fue apuntada en un lapidario documento de la Iglesia Católica, que intervino en este caso alarmada por el nivel de persecución del oficialismo.
El trasfondo político y judicial
La actuación del MPF, bajo la dirección de Alejandro Gullé, ha sido cuestionada por la detención prolongada de los vecinos Soria y Cornejo, quienes fueron acusados sin pruebas contundentes y mantenidos en el calabozo en condiciones dudosas de salubridad, cuando ambos atravesaban problemas de salud.
Su liberación, facilitada por un video revelador y contradicciones en el testimonio del denunciante Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Uspallata, ha puesto en jaque al sistema judicial.
El conflicto ha escalado, involucrando a actores políticos como el PJ, aliado de la UCR en temas mineros. Incluso se especula con una posible citación o interpelación a Gullé, designado durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo.
Fiscales bajo escrutinio
En la audiencia que determinó la liberación, la jueza Claudia Tula destacó la falta de pruebas suficientes, aunque su resolución generó controversia. El fiscal interino Sánchez, quien actuó bajo las órdenes de Sebastián Capizzi y Paula Quiroga, admitió inconsistencias en el caso.
Según declaraciones en el expediente, el denunciante Vera presentó relatos contradictorios y ninguna prueba ni testigo, debilitando la acusación.
Este caso no solo pone en evidencia las tensiones políticas y sociales en torno a la minería en Mendoza, sino que también plantea interrogantes sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
