La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que envió Alfredo Cornejo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para entregarle todo el poder del manejo del agua a Sergio Marinelli, titular de Irrigación y pieza clave en la expansión del fracking en Mendoza. El EPAS es uno de los entes de control bajo dominio del cornejismo, como el EPRE, el EMOP y la oficina de Ética Pública.
Acompañaron al oficialismo de Cambia Mendoza (UCR, PRO Libertad, Unión PRO); el interbloque LUM, Laura Balsells Miró, Stella Huczak, Jimena Cogo y Cintia Gómez, Gustavo Cairo (LLA) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza).
El proyecto se enmarca en medio de un fuerte embate prominero del oficialismo, donde el soporte legal para el avance de la megaminería metalífera ha sido una de las claves en las que se apoyó Cornejo. El Código de Procedimiento Minero y el Código de Aguas son los pilares de esta avanzada.
La disolución del EPAS anticipa una suba de tarifas, y en ese sentido Marinelli ya se ha pronunciado por cobrar según cantidad de consumo.
En el articulado del proyecto, se establecen los objetivos, la asignación de funciones a Irrigación, así como sus funciones y atribuciones entre las que se cuentan la de controlar la ejecución de los planes y programas de inversión por los operadores del sistema; controlar el régimen de explotación propuesto por los operadores, en particular el régimen tarifario; proponer al Poder Ejecutivo las tarifas de los servicios, como también las bases para su revisión; establecer y aplicar los procedimientos de control de los servicios, y resolver los conflictos que surgiesen entre los usuarios, los operadores del servicio y terceros.
Según el proyecto de Cornejo, las tarifas deberán reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en su caso, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente.
El manejo del agua por parte del Ejecutivo a través de Irrigación será total. El proyecto señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, convocará a los organismos de la administración central y descentralizada, institucional o territorial, con competencia hídrica, para que procedan a unificar sus procedimientos en la aplicación de las normas de calidad, su control y la promoción de los sistemas de tratamiento más convenientes”.
Voces en contra
Emanuel Fugazzotto (PV) fue uno de los que votó en contra: “Este proyecto involucra en la esencia el acceso al agua de las familias mendocinas, y el acceso al agua es un derecho humano”. Expuso que con esta ley se “intenta imponer un criterio mercantilista tal como está planteada” por la “lógica de que el que no paga se queda sin servicio”.
Asimismo dijo que “hoy el EPAS está relacionado con los operadores comunitarios”, y que si bien “no funciona, es una realidad, no controla, no tienen los recursos para hacerlo”, hay que hacer “que funcione pero no desaparecer”. De igual manera, opinó que “Irrigación no tiene la especificidad del agua potable y el saneamiento. Por tanto, no tiene las herramientas para abordarlo”.
En el mismo sentido, José Luis Ramón (CxC) votó negativamente, por considerar que “se tiene un concepto mercantil del servicio de agua potable”, que “el agua no es un bien de mercado, sino un servicio público, un derecho humano”, y que como tal, “es un servicio que tiene que estar asegurado”.
Acotó por otra parte, que “el gobierno está acaparando el uso del agua en un solo organismo”, y que este proyecto “adolece de una construcción constitucional”.
En tanto, Jorge Difonso (LUM), se opuso al proyecto, expresando que “en un sistema de servicios público concesionados donde pueden participar los privados, la existencia de un ente de control es fundamental y está en la Constitución. Entendemos que el EPAS empezó a diluir su responsabilidad y su razón de ser, pero debería ser más paulatina su desaparición”.
Asimismo, consideró que “no plantea con claridad los derechos laborales de los empleados, pero sí el sostenimiento de algunas tasas que se van a mantener; eliminan el organismo pero mantienen la tasa de sostenimiento. Eliminemos también las tasas”.
