Con despacho favorable en el Senado, Mendoza dio un paso decisivo hacia la aprobación de una reforma del Código de Contravenciones que incorpora la “responsabilidad parental por acoso escolar”. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, propone sancionar con trabajo comunitario o multas económicas a los adultos responsables de menores que cometan bullying, alegando una omisión en su “deber de vigilancia, orientación y cuidado”.
Desde que está en el gobierno, Cornejo impulsó más de 25 reformas penales para endurecer el punitivismo en Mendoza
La propuesta fue tratada en reunión conjunta de las comisiones de Economía, Ciencia y Técnica, Legislación y Asuntos Constitucionales, donde recibió aportes técnicos y políticos antes de obtener dictamen favorable. En paralelo, se presentó un nuevo Protocolo de Actuación para escuelas, que establece cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso, desde la detección hasta el seguimiento y cierre del proceso.
Un hecho disruptivo como disparador
La urgencia política que rodea la iniciativa no es casual. Días antes, una estudiante ingresó armada a su escuela en La Paz con una pistola 9 milímetros perteneciente a su padre policía. El operativo que logró su rendición sin víctimas conmocionó a la provincia y obligó al Ejecutivo a suspender su agenda proselitista. La respuesta estatal fue inmediata y punitiva: una reforma contravencional que traslada el foco desde la escuela hacia la familia.
“El caso nos debe llamar a la reflexión”, declaró García Zalazar en conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. “No es solo responsabilidad de la escuela de 8 a 13. Hay cosas que necesitamos de la primera educadora que es la familia”, agregó, anticipando el eje de la futura norma.
El articulado: sanciones, agravantes y fondos
El expediente 82327/2025 incorpora cinco nuevos artículos al Título III del Código de Contravenciones. El Artículo 100 bis sanciona la “omisión del deber de vigilancia” cuando un menor comete acoso escolar que cause daño físico, psicológico o emocional. Antes de judicializar, el Artículo 100 ter prevé una instancia escolar con equipos interdisciplinarios. Si los adultos responsables no cumplen los compromisos, el caso se deriva al Juzgado Contravencional.
Las sanciones van de cinco a cincuenta días de trabajo comunitario o multas de hasta 5000 Unidades Fijas. En caso de reincidencia, se duplican las penas y se impone la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o terapia familiar. Los fondos recaudados se destinarán a un fondo provincial para víctimas de acoso.
El protocolo escolar
El nuevo protocolo establece un paso a paso institucional para intervenir ante casos de bullying: identificación, registro, comunicación con las familias, plan de acción, seguimiento y cierre. También incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección y la Justicia.
Leandro Passerini, secretario de la Asociación de Magistrados, destacó que “la escuela es el principal centro de prevención e intervención”. Pero esta centralidad plantea interrogantes: ¿con qué recursos y formación específica cuentan las escuelas para asumir esa carga investigativa? ¿Qué margen real tienen para abordar situaciones que exceden lo pedagógico y se inscriben en dinámicas familiares y sociales complejas?
¿Educación o disciplinamiento?
Aunque el proyecto se presenta como una herramienta educativa y reparadora, el contexto revela otra lógica. La reforma no surge de un debate pedagógico prolongado, sino de una urgencia política. Y se inscribe en una línea de acción gubernamental que ha priorizado el endurecimiento del Código de Contravenciones. Desde 2015, según la Asociación Xumek, se han aprobado más de 25 reformas penales orientadas a ampliar el poder punitivo del Estado.
Un antecedente inmediato fue la figura de la “reiterancia”, que permite encarcelar a quienes protestan en las calles por reincidencia. Organizaciones sociales y gremiales denunciaron que se trata de un instrumento para criminalizar la protesta y perseguir opositores. El informe de Xumek advierte que el programa político del oficialismo se refuerza con mecanismos de disciplinamiento social, ejecutados en tándem con el Ministerio Público Fiscal.
Respuesta reactiva a un problema social complejo
La violencia escolar y la crisis de salud mental juvenil son problemas complejos que requieren respuestas integrales. El protocolo escolar y los talleres de parentalidad pueden ser herramientas valiosas, pero su efectividad depende del acompañamiento institucional, la formación docente y el fortalecimiento comunitario.
La reforma, en cambio, recurre a una vía contravencional flexibilizada para ampliar el alcance sancionatorio. La escuela investiga, la familia responde ante el juez y el Estado castiga. ¿Es esta la mejor forma de construir entornos educativos seguros y respetuosos?
La sesión en el Senado será clave. Mendoza tiene la oportunidad de debatir si esta ley será una herramienta de corresponsabilidad pedagógica o un nuevo capítulo en la expansión del poder punitivo.
