Florence Cassez cumplía con una pena de 60 años. El tribunal de Justicia consideró que la causa fue montada por una agencia estatal, que encabezaba Genaro García Luna, más tarde Secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón. Un modus operandi.
La Corte Suprema de Justicia de México ordenó liberar a la ciudadana francesa
La Corte Suprema de Justicia de México ordenó liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez, porque en el juicio que enfrentó se violaron sus derechos humanos y algunas pruebas fueron desestimadas.
Tres de los cinco ministros de la primera sala de la Corte votaron a favor de que se revoque la sentencia de 60 años de prisión por secuestro que existía en contra de Cassez.
La Corte no establece en su resolutivo si la francesa es o no culpable de los delitos que se le imputaron, pues la decisión de los ministros es que el proceso que enfrentó fue "corrompido" por el montaje televisivo que organizó la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), que encabezaba Genaro García Luna (quien posteriormente se convertiría en Secretario de Seguridad del presidente Felipe Calderón).
Cassez regresará de inmediato a Francia. Desde ese país, el presidente Francois Hollande saludó la decisión de la Corte Suprema de México, dijo que era el fin de un período "particularmente doloroso" y agradeció a "todos los que, en México como en nuestro país, se comprometieron para que la verdad y la justicia prevalezcan".
Según Alberto Najar, corresponsal de BBC Mundo en México, el caso de Cassez está asociado al mayor diferendo diplomático entre México y Francia desde la Segunda Guerra Mundial, y constituye uno de los expedientes más complejos de justicia y medios de comunicación en los últimos años en la nación latinoamericana.
Por su parte, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, había dicho antes del fallo que respetaría cualquier decisión que tomara la Corte.
Antecedentes
Desde hace cuatro años el abogado de la francesa, Agustín Acosta, alegó que los testigos en el caso cambiaron sus declaraciones originales; los policías la capturaron en un lugar distinto al que declararon ante el juez y los agentes del Ministerio Público (fiscales), no contactaron de inmediato con el consulado de Francia para que Cassez tuviera la asistencia diplomática a que tiene derecho según leyes internacionales.
Estas irregularidades no fueron tomadas en cuenta por la Procuraduría (fiscalía) General de la República, ni por los jueces que analizaron el caso.
Ana Laura Magaloni, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dice que esta conducta es un problema serio en el país, pues algunas sentencias se dictan con base en investigaciones policíacas mal hechas.
El sistema judicial, insiste la investigadora, parece diseñado para "servir" a las autoridades, algo que confirman algunas organizaciones internacionales.
"No hemos entendido cuánto amenaza a la población en general tener una policía y un Ministerio Público que prácticamente pueden hacer lo que sea, y que el juez se los ratifique", advierte la especialista.
El más reciente informe sobre México de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Gabriela Knaul, dice que el trabajo del Poder Judicial del país está afectado por falta de transparencia, ineficacia y corrupción.
Otras reacciones
Al conocer el fallo de la Corte Ezequiel Elizalde, una de las víctimas de secuestro que acusó a Cassez dijo que México "es una porquería de país".
La activista Isabel Miranda, presidenta de la organización Alto al Secuestro, dijo que la decisión de los ministros muestra que "las víctimas no cuentan. Nos sentimos defraudados de la Corte".
Por su parte, el abogado de la francesa, Agustín Acosta, congratuló a la Corte por su decisión y dijo que la misma sienta un precedente, pues envía "un mensaje a la policía y a las autoridades de que este tipo de violaciones no se valen".
Acosta dijo no estar de acuerdo con las críticas de los activistas en contra de la decisión y dijo que en lo que seguramente todos están de acuerdo es en que "se necesita una policía profesional que no cometa abusos".
La notificación de libertad deberá entregarse lo antes posible a las autoridades de la cárcel de Tepepan, donde Florence Cassez ha permanecido siete años.
Fuente: BBC Mundo
