El Proyecto Minero San Jorge (PSJ), ubque busca extraer oro y cobre en Uspallata, enfrenta una serie de acciones judiciales que cuestionan su viabilidad y la legalidad de las autorizaciones otorgadas. Organizaciones sociales, pueblos originarios y vecinos autoconvocados sostienen que la iniciativa amenaza con provocar un “daño ambiental irreversible” y que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el gobierno provincial es “condicionada, incompleta y carente de estudios esenciales”.
En un comunicado difundido por colectivos ambientales y jurídicos subrayaron que “es falso que haya habido aval judicial para el PSJ”. Según explican, durante la feria judicial de enero la justicia civil “solamente ha rechazado las medidas cautelares planteadas en los amparos, aunque ello no implica pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo”. Es decir, insisten, las causas siguen abiertas y recién comienzan a ser analizadas.
Los expedientes en trámite
En el Segundo Tribunal de Gestión Asociada, a cargo de la jueza Iermoli Blanco, se concentran tres amparos de relevancia. El primero, presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a diversas asambleas, cuestiona la DIA por su carácter “condicionada, incompleta y carente de estudios esenciales” y denuncia la “falta de transparencia de la audiencia pública”.
El segundo amparo fue impulsado por la Comunidad Huarpe Guaytamari y la Fundación Cullunche. Allí se plantea el incumplimiento del “Consentimiento Libre, Previo e Informado a los Pueblos Originarios establecido en el convenio 169 de la OIT” y la violación de la Ley Provincial 6599 sobre Monumentos Naturales. Además, se señala la omisión del proyecto legislativo para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, actualmente con estado parlamentario.
El tercer expediente, presentado por un vecino de Uspallata, advierte sobre el “agotamiento del caudal del Arroyo El Tigre y su insuficiencia como fuente de agua para abastecer a PSJ”, un afluente clave de la Ciénaga del Yalguaraz.
Acciones en la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza también tiene en sus manos cuatro acciones de inconstitucionalidad. Entre ellas, una presentada por Oikos Red Ambiental y otra por ciudadanos patrocinados por el abogado Luis Gabriel Escobar Blanco.
Una de las causas, encabezada por José Luis Ramón y la Asociación Civil Progreso Mendoza, denuncia además la “falta de transparencia de la audiencia pública llevada adelante dentro de la empresa”. Otro expediente se centra en el riesgo de “contaminación por arsénico”, un punto que genera especial alarma en las comunidades cercanas.
Signo de los tiempos en Mendoza: nace la «Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua»
El bloque normativo vulnerado
El comunicado enfatiza que las irregularidades no solo afectan la legislación provincial, sino que comprometen normas de jerarquía constitucional e internacional. Se mencionan los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a un ambiente sano y el acceso a la justicia, así como tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 11 reconoce expresamente “el derecho a un medio ambiente sano”.
También se invoca el Acuerdo de Escazú, aprobado por la Ley 27.566, que refuerza las obligaciones estatales en materia de acceso a la información ambiental y participación pública. Según el comunicado, se vulneran además la Ley General del Ambiente (25.675), la Ley Provincial 7722 —que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera— y el Código de Minería.
Un conflicto social y territorial
El comunicado refleja la dimensión social del conflicto. “La Justicia de Mendoza debe dar rápido tratamiento a todas estas acciones judiciales que son parte de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Uspallata y toda Mendoza en defensa del agua y nuestros bienes comunes”, afirman.
El proyecto San Jorge se ha convertido en un símbolo de la tensión entre desarrollo minero y protección ambiental en la provincia. Las organizaciones sostienen que el proyecto amenaza recursos hídricos vitales, como el Río Mendoza, y que se ha avanzado sin respetar la consulta a pueblos originarios ni garantizar la transparencia de los procesos participativos.
El conflicto judicial y las protestas que no cesan muestran que el Proyecto San Jorge está lejos de contar con un aval definitivo. Por el contrario, enfrenta múltiples cuestionamientos que van desde la falta de estudios esenciales hasta la violación de tratados internacionales. En palabras del comunicado, las acciones judiciales sostienen que la DIA aprobada “impide determinar no solo la factibilidad de la utilización de agua, sino los riesgos de contaminación hacia el Río Mendoza y otros recursos hídricos”.