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El acuerdo de blindaje fiscal y regalías fijas firmado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y el consorcio Vicuña Corp introdujo una modificación en el esquema de pagos provinciales para la explotación de cobre, oro y plata. El texto suscripto establece la entrega de una suma fija anticipada de 250 millones de dólares a cambio de la congelación de regalías y la exención temporal de contribuciones variables sobre las ventas brutas.
El convenio estipula que Vicuña Corp, la operadora conformada por las firmas BHP y Lundin Mining, desembolsará la suma en concepto de aporte directo para obras de infraestructura pública. Este monto ingresará al Estado provincial en la fase previa a la extracción comercial, estimada para iniciarse hacia finales de la década.
Como contrapartida, las regalías provinciales quedarán fijadas en una alícuota del 3% sobre la facturación bruta durante el período de explotación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. El documento exime a la compañía del pago de la contribución del 1,5% sobre las ventas durante los primeros cinco años de producción. Este aporte adicional se activará formalmente a partir del sexto año de operación continua.
Beneficios para las mineras
El acuerdo beneficia a la empresa (Vicuña Corp. / BHP-Lundin) en tres aspectos financieros y operativos clave:
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Previsibilidad y congelamiento impositivo: Fija las regalías provinciales en un tope definitivo del 3% por toda la vida útil del proyecto y elimina el riesgo de litigios o nuevos impuestos provinciales a futuro, dándole certeza financiera total para estructurar su financiamiento internacional.
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Alivio de caja en el período crítico (Grace Period): A cambio del anticipo de USD 250 millones, queda eximida del canon del 1,5% sobre su facturación durante los primeros 5 años de producción, lo que protege su flujo de fondos (cash flow) y acelera el retorno de la inversión (ROI) mientras arranca la operación.
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Infraestructura garantizada para la operación: El fideicomiso financiado acelera obras clave (viales, hídricas y energéticas) en San Juan que reducen los costos logísticos del proyecto y mitigan los riesgos operativos de transporte y suministro en la cordillera.
Argumentos de Orrego
Desde el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan explicaron que el pago anticipado permitirá financiar de manera inmediata obras viales, hídricas y de saneamiento en los departamentos del norte sanjuanino. Las autoridades señalaron que la recepción de fondos durante la etapa de construcción otorga disponibilidad de recursos sin depender de los plazos de comercialización del cobre.
Asimismo, el Poder Ejecutivo sostuvo que la fijación de las regalías y la definición del marco regulatorio otorgan estabilidad fiscal al desarrollo minero. Según las estimaciones oficiales, el compromiso financiero privado total proyectado en la zona ronda los 18.000 millones de dólares, enmarcándose en las condiciones generales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Críticas por cambios en la DIA original
El tratamiento parlamentario del texto provocó reparos por parte de los bloques opositores en la Legislatura de San Juan. Diputados del frente opositor señalaron que la recepción de un monto fijo cancela las obligaciones de inversión comunitaria e hídrica estipuladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en el año 2022.
Representantes legislativos sostuvieron que la sustitución del porcentaje variable del 1,5% por una cifra fija durante el primer lustro productivo reduce la recaudación potencial de la jurisdicción. Según ese análisis, un escenario de precios altos en el mercado internacional del cobre derivaría en un ingreso proporcional menor para el tesoro provincial que el calculado bajo el esquema porcentual original.
Tensión por las contrataciones importadas y el empleo local
A la polémica estrictamente parlamentaria se sumó el malestar de las cámaras empresariales locales por la política de contrataciones de la operadora. Representantes de la Cámara de Proveedores Mineros y entidades metalúrgicas de la provincia cuestionaron la adjudicación de contratos para la provisión de módulos habitacionales ensamblados en China.
Las cámaras del sector señalaron que la importación de infraestructura modular prefabricated desde el continente asiático limita la participación de la industria metalmecánica sanjuanina en la etapa de mayor demanda constructiva. Según las estimaciones del sector privado local, la compra directa de estos componentes listos para montar reduce la generación de puestos de trabajo directos e indirectos en los talleres mecánicos y empresas constructoras de la región.
Organizaciones gremiales e industriales argumentaron que el uso de campamentos modulares prefabricados contraviene el espíritu de la legislación provincial de compre local y empleo sanjuanino. La controversia escaló al recinto legislativo, donde diputados de la oposición solicitaron incluir cláusulas de preferencia para empresas radicadas en la provincia antes de otorgar la ratificación definitiva al texto del acuerdo.
Implicancias impositivas para la empresa
Para la estructura corporativa de Vicuña Corp, el instrumento contractual determina una previsión de costos fijos dentro de su modelo de negocios. El acuerdo incluye una cláusula por la cual el Estado provincial se compromete a no aplicar nuevos tributos, tasas ni cánones vinculados al impacto ambiental durante la vigencia de la concesión en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.
El congelamiento de las regalías al 3% impide la aplicación de alícuotas progresivas basadas en la cotización internacional de los metales. El aporte de 250 millones de dólares representa un porcentaje inferior al dos por ciento del presupuesto total de capital proyectado para la construcción de la infraestructura minera y de transporte de insumos.
Tramitación legislativa y proveedores
El expediente firmado por el gobernador provincial requiere la aprobación formal de la Legislatura de San Juan para su entrada en vigencia. Paralelamente, la Cámara de Proveedores Mineros de la provincia emitió comunicados solicitando el cumplimiento de la legislación de compre local en las licitaciones destinadas a la construcción de los campamentos y vías de acceso al proyecto.
