El Gobernador tuiteó este lunes que aceptó la renuncia a Fernando Herrera, quien salió eyectado de la Administración por el trágico final de la niña de tres años.
Franciscó Pérez echó a un funcionario y suspendió a dos operadores para que les ejecuten un sumario administrativo en respuesta al homicidio de Luciana, de tres años, atribuido con frondosa prueba a la madre de la víctima y su pareja.
El lunes, después de encabezar el acto de jura de Matías Roby antes de asumir la titularidad del Ministerio de Salud, el gobernador confirmó en Twitter que aceptó la renuncia del director de Protección de Derechos de la DINAF, Fernando Herrera, quien no tuvo otra opción que renunciar para evitar consecuencias políticas peores.
Por la misma vía el mandatario confirmó una información que ya se conocía: "La suspensión preventiva de Felipe Rafael Vizcarra, operador de OAL y de Vanesa Gianina Consina, Coordinadora OAL Capital". Son los dos operadores que tuvieron ante sí las evidencias de la violencia familiar que imperaba en el hogar de Luciana.
El hecho ocurrido el miércoles 8 de enero tuvo enorme repercusión mediática. La autoría material está esclarecida desde un principio: de inmediato cayó la madre y su pareja, quienes dejaron huellas del maltrato a la niña por donde anduvieron. Hasta dos cuidacoches que se desempeñan habitualmente donde vivía la infortunada menor con los acusados por su homicidio dicen que conocían las agresiones físicas que recibía la víctima.
Por otra parte, a los operadores y funcionarios del área familia y niñez, los investiga la fiscal especial Claudia Ríos para determinar si infringieron el Código Penal con su accionar en este caso. La investigación administrativa fue activada también luego de conocido el deceso de Luciana.
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