El Ejecutivo no logró garantizar en su exposición en la Legislatura la total protección de glaciares y crioformas en la zona de Cerro Amarillo, el proyecto minero de extracción de cobre ubicado en Malargüe, donde quiere empezar a perforar este mismo verano.
Por otra parte, los funcionarios de Rodolfo Suarez que expusieron este miércoles se negaron a darle participación en la discusión a las provincias del COIRCO, que comparten el agua del río Colorado, que se vería afectado porque su principal afluente, el río Grande, atraviesa todo el yacimiento.
El oficialismo buscó instalar que el proyecto no viola la Ley 7722, sin embargo asambleístas aseguran que el "detergente" del que se habla en el expediente para separar la roca del mineral no es otro que el xantato, una sustancia contaminante que también se pretende usar, por ejemplo, en el Proyecto San Jorge.
“A las perforaciones se las trató de poner lo más lejos posible de los glaciares". Con esta y otras afirmaciones el director de Minería, Roberto Zenobi, intentó defender este la exploración. "No vamos a afectar en nada y está el compromiso de la empresa de no hacerlo. Lo ideal es perforar en verano, hacer tres pasos este año y los otros seis la temporada que viene. Costó mucho que los inversores vengan a Mendoza. No nos podemos negar a esta posibilidad”, agregó.
Una DIA no actualizada
Uno de los cuestionamientos al proyecto es que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está vencida porque es la misma que presentó la empresa en 2014 y que ese año envió Francisco Pérez ara su tratamiento. Por ley, en el caso de la minería, la DIA debe actualizarse cada dos años, y en el expediente público constan intimaciones a la empresa para que la actualice.
Sin embargo, el oficialismo la da por válida sólo porque el IANIGLA concluyó el inventario de glaciares, que no estaba en 2014.
“No es necesario sobreactuar porque está todo claro científicamente. La DIA entra en vigencia cuando lo apruebe la Legislatura. En 2014 faltaba información que ahora está clara”, postuló en ese sentido el senador radical. Martín Kerchner, blanqueando así la postura del Gobierno sobre la no actualización.
En tanto Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental, se escudó en un acto administrativo burocrático: dijo que "la DIA no entró en vigencia nunca porque es un acto complejo, que nunca fue ratificado por la Legislatura. Recién una vez que (la DIA) esté operativa empiezan a correr los tiempos legales y jurídicos que involucra".
La negativa a consultar al COIRCO
Otro de los puntos críticos de Cerro Amarillo es la nula consulta a posibles terceros afectados, como departamentos aguas abajo del río Atuel y del río Grande, entidades intermedias, asambleístas y las provincias que integran el COIRCO, y que comparten el agua del río Colorado.
El oficialismo descartó la chance de involucrar a La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires en la discusión. El Gobierno asegura que para la exploración se usarán 15.000 litros de agua pero no dijo con qué frecuencia.
"Hay un sistema de reutilización en general porque es caro llevarla hasta allá. Sale un lodo que es el que lubrica durante la perforación: es una mezcla de agua, piedra molida y bentonita, que es lo que lubrica el trépano que perfora. Se deposita en una pileta, se precipita el sólido y el líquido se vuelve a chupar para reutilizarlo", señaló Skalany.
Rolando Baldasso (UCR-PRO), presidente de la comisión de Hidrocarburos, postuló: "No tenemos que ir al COIRCO, estamos hablando de exploración, es distinto el método que se usa en la explotación. No nos pongamos más papistas que el papa”.
En tanto Skalany minimizó el impacto sobre el río Colorado: “Este es un proyecto de exploración simplemente. No hay ninguna afectación del recurso hídrico del río Colorado. Por un lado, no está dentro de la cuenca del Atuel y, para el caso del COIRCO, por 15.000 litros de agua no se afecta el agua del Río Colorado".
