Cinco meses después de los disturbios que rodearon la inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, el jefe de esa entidad, Edgardo Vera, no aportó ninguna prueba ni testimonio en la causa iniciada contra dos vecinos y asambleístas por presuntas amenazas. Sin embargo, la causa sigue activa y tanto Mauricio Cornejo como Federico Soria siguen imputados.
Después del galimatías judicial que implicó que la causa se trasladara al fuero federal y volviera a Mendoza, el fiscal retomó las testimoniales. La semana pasada declaró el dueño de diario Los Andes, Mauricio Badaloni, quien no identificó a ninguno de los dos vecinos entre agresores y causantes de disturbios.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, debía declarar el lunes, pero no se presentó en el Polo Judicial y adujo que se encontraba “de viaje”. La Justicia le dio una nueva cita: el 4 de agosto, después de la feria judicial.
Quien sí se presentó fue su jefe de Seguridad, Fabián “Oso” Tello. Su testimonio, sin embargo, resultó poco contundente: durante media hora de declaración, no pudo identificar ni a Mauricio Cornejo ni a Federico Soria como responsables de los disturbios ocurridos el 24 de enero, fecha en la que se inauguró la mentada oficina.
Vera denunció a los dos vecinos, y por su acusación ambos terminaron encarcelados: Cornejo pasó tres semanas en un calabozo pese a atravesar un posoperatorio, y Soria estuvo tres días privado de libertad. Ambos habían participado de una protesta pacífica contra la reactivación del proyecto minero. Ninguno de los dos fue señalado por Tello como causante de desmanes.
De testigos difusos a querellas fallidas
Uno de los defensores de Soria, el abogado Marcelo Romano, indicó sobre la declaración de Tello que “fue muy genérica y no comprometió a nuestros defendidos”. La fiscalía intentó sin éxito que Tello aportara más información sobre los manifestantes: no logró identificar rostros, nombres ni responsabilidades.
Pese a lo endeble del expediente, Lo Presti solicitó en marzo ser querellante en la causa. La Justicia lo desestimó, incluso con costas: los gastos por la presentación fallida del intendente correrán por cuenta del municipio.
El fuego cruzado y la política subterránea
La tensión social ese 24 de enero no se limitó a la protesta: durante el acto, un hombre identificado como Miguel “El Mostro” González —enemistado con Vera y vinculado políticamente con Lo Presti a través de su hija, militante radical— intentó incendiar un local comercial. Fue condenado por ese hecho.
Desde entonces, el oficialismo busca ligar a los asambleístas y quienes se oponen a la mina en Uspallata con el episodio incendiario protagonizado por El Mostro, buscando equiparar en la opinión pública, bajo el adjetivo de terroristas, a González con quienes rechazar al Proyecto San Jorge.
Una multitud reiteró en Uspallata el rechazo a la mina San Jorge
