El proyecto de Código de Aguas de Alfredo Cornejo y Sergio Marinelli no logra pasar el filtro de los productores y empresarios de Alvear y del Este. Hace pocas horas, en Alvear, volvieron a manifestarle al jefe de Irrigación su rechazo a esta iniciativa, que pretende reformas que dan por tierra con la centenaria Ley de Aguas de Mendoza.
La Multisectorial de General Alvear, la Federación Agraria de Bowen y autoridades de la Cámara de Comercio reiteraron a Marinelli su oposición en una nueva reunión. El principal punto de resistencia es el que permite al Ejecutivo modificar las prioridades del uso del agua de los ríos, a través del cual se puede designar a las empresas mineras en el primer lugar de la lista.
El productor y defensor del agua Javier López señaló que “la postura es clara y concisa, seguimos sosteniendo nuestra disconformidad con la propuesta”. Además, señaló que “se continuará presentando a los legisladores nuestros reclamos y los fundamentos de nuestra oposición”.
El cornejismo esperaba tener aprobado el Código antes de fin de año, pero el rechazo de los productores en oasis clave como el Sur y el Este podría dilatar esos tiempos. La oposición de las Asambleas por el Agua e incluso de expertos como Miguel Mathus Escorihuela complejizan el escenario.
Ante el amplio rechazo al proyecto, el Subdelegado de Aguas del Río Atuel, Martín Hidalgo, se apuró en aclarar que “no hay un fecha exacta sobre cuando ingresaría el texto a la legislatura, pero previo a ello los autores van a analizar todas la observaciones buscando un consenso general para elaborar el texto final. Se va a buscar la mayor aceptación para lograr un proyecto útil, ya que pretende que el mismo sea utilizado durante muchos años”.
Además de la oposición de referentes de los oasis productivos, la Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE), que reúne a entidades amigables con el Gobierno, como la FEM, la UCIM, la UIM, Acovi, entre otras, entregaron a Marinelli los puntos del Código a los que se oponen:
- Modificación de Prioridades en el Uso del Agua: La propuesta de incluir el “arbolado público” como uso prioritario por encima de otros, junto con la potestad otorgada al Gobernador para requerir el cambio de las prioridades a favor de usos de menor preferencia sobre otros con base en un supuesto “beneficio económico-social notoriamente superior”, genera una profunda incertidumbre. Estas decisiones podrían derivar en conflictos en la asignación de recursos hídricos, afectando negativamente a sectores clave de la economía provincial.
- Innecesaria Intervención Legislativa en Concesiones de Agua Subterránea: Se cuestionó la necesidad de que la concesión de agua subterránea sea tramitada a través de la Legislatura, lo cual podría burocratizar un proceso que requiere agilidad y criterio técnico.
- Inseguridad Jurídica: Algunas disposiciones del anteproyecto podrían generar inseguridad jurídica, especialmente en lo referente a la duración de las concesiones de agua y la introducción de nuevas unidades de medida para su asignación. Estas medidas podrían violar los principios de igualdad y de inherencia, generando asimetrías en el sector y desincentivando la inversión.
- Confusión en la Aplicación de los Principios Rectores de la Política Hídrica Nacional: La inclusión de estos principios en el Código podría generar divergencias en su interpretación y, por ende, en su aplicación, y complicar la administración de las aguas interjurisdiccionales.
Marinelli acusó recibo de la acogida negativa del código. “Nosotros seguiremos avanzando, aunque durante más tiempo. Hoy, no digo ni que sí ni que no a una eventual postergación. Pero sí entiendo que no está el clima para lograr consensos amplios”, señaló, según lo citó el portal Mdz.
