La Organización Identidad Territorial Malalweche, representante del pueblo Mapuche en Mendoza, denunció un inminente desalojo de las familias del Lof El Sosneado.
A través de un comunicado difundido este lunes alertaron sobre el avance de políticas empresariales y gubernamentales que, bajo la premisa de una "transición energética", estarían profundizando la violencia y exclusión hacia los pueblos originarios.
Días atrás, esta comunidad impugnó el protocolo minero que impulsaron Javier Milei y Alfredo Cornejo. Al mismo tiempo, pidieron una mesa de diálogo para avanzar en una verdadera consulta a las comunidades. Se sumaron comunidades Huarpes de Uspallata.
Llamado al diálogo y denuncia de irregularidades
Desde la organización enfatizaron la necesidad de un diálogo frente a lo que consideran una “crisis climática que pone cada día más en riesgo el desarrollo y continuidad del conjunto de Vidas ITROFILMONGUEN en el Planeta”.
En este contexto, convocaron a una reunión intercultural el domingo 1 de junio de 2025 en el Rewe del Lof El Sosneado, Arroyo Blanco, con el propósito de “profundizar los diálogos frente al avance de corporaciones empresarias y gobiernos provinciales afines”.
Empresas y el conflicto territorial
La organización denunció que empresas mineras y grupos de inversión están “forzando el Marco del Estado de Derecho para legitimar persecución política y acciones violentas”, lo que—afirman—rememora periodos oscuros de discriminación y autoritarismo en la historia argentina. En particular, alertaron sobre el accionar de SOMINAR S.A., empresa que, junto con el gobierno de Mendoza, “disputa judicial, política y mediáticamente” las tierras comunitarias del Lof El Sosneado.
Asimismo, señalaron la reciente decisión de la Dirección de Minería de Mendoza, que ordenó la clausura de la Cantera Don Marcelo por irregularidades. Sin embargo, recalcaron, la comunidad del Lof denunció estas prácticas mucho antes sin ser oída.
Impacto de la minería y el petróleo en la región
El comunicado también critica la narrativa oficial sobre desarrollo económico, argumentando que la explotación minera y petrolera ha dejado pasivos ambientales sin remediar y generando desempleo masivo. Expresaron que “las empresas petroleras como YPF se retiran dejando pasivos ambientales sin remediar y cientos de desempleados”, además de cuestionar a Impulsa Mendoza y su proyecto Hierro Indio, que—según afirman—emplea dinero público con promesas de trabajo masivo, aunque en realidad “solo contratan personal especializado con reducida mano de obra local”.
Exigencias y resistencia
Desde la comunidad Mapuche, enfatizan que sus territorios “NO SON RECURSOS, SON NUESTRA CASA COMÚN, NUESTRO WALL MAPU”, y han solicitado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigen que los magistrados actúen “con imparcialidad, respetando el derecho indígena vigente en la Constitución Argentina”, y hacen un llamado contra la persecución de defensores ambientales comunitarios.
