La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la orden de desalojo de Nilda Edith Verón y la Comunidad Mapuche Lof El Sosneado, tras rechazar un recurso extraordinario federal.
El conflicto, que enfrenta a la comunidad con la empresa Sociedad Minera Argentina (SOMINAR) S.A., pone en el centro del debate los derechos ancestrales y la legalidad de la ocupación de territorios indígenas.
Se trata de 3.400 hectáreas que la empresa SoMiNar reclama como propias y que están habitadas por comunidades del LOF El Sosneado. Un dictamen del procurtador Alejandro Gullé, del riñón cornejista, recomendó en marzo de 2023 rechazar los pedidos de los pobladores originarios.
Alfredo Cornejo, quien encabeza desde hace años una furibunda campaña contra los pobladores de esas tierras, negando su preexistencia al estado nación, festejó en las redes:
La Corte Suprema rechazó el último recurso con el que quisieron adueñarse de 3500 hectáreas en el Sur de Mendoza haciéndose pasar por comunidad mapuche Lof El Sosneado.
Esta decisión que sustenta la posición de los legítimos dueños de las tierras, se complementa con la…
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 22, 2025
El origen del conflicto
El predio en disputa, la Estancia El Sosneado, abarca aproximadamente 3.500 hectáreas en San Rafael, Mendoza. SOMINAR S.A. adquirió esta propiedad en 1942, y la ha arrendado a distintos locatarios desde entonces. Sin embargo, Nilda Verón, quien ocupaba el terreno junto a su familia desde 1980, se negó a renovar el contrato tras la muerte de su padre, Quintín Verón, y argumentó derechos posesorios en calidad de integrante del Lof El Sosneado.
La disputa escaló cuando Verón afirmó que el predio debía considerarse un territorio ancestral. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido en 2023 la personería jurídica de la comunidad mapuche, fundamentando el reclamo bajo los parámetros de la Ley 26.160. Sin embargo, los tribunales mendocinos fallaron a favor de SOMINAR S.A., determinando que la ocupación no cumplía los requisitos legales.
"Muchos campos que fueron entregados a propietarios que no vivían en la zona, y que se dedicaron a usarlos como garantías, y pasaban a ser rematados.- Entre esos remates lo adquirían y los readquirían, por eso nuestros pueblos permanecieron en los territorios. En muchos casos se les pagaba a gente que no era apoderado, y a veces conseguían esos poderes y así se llega a esta instancia de Sominar, que es una empresa que con un plano de cateo de mina hacían firmar a pobladores y con esos documentos alegaban ser los dueños", señaló sobre este conflicto Gabriel Jofré, de la comunidad Malalweche, que agrupa a los originarios del sur de Mendoza.
"Son un grupo de inversores inmobiliarios en un gran latifundio, y en su mayoría son extranjeros con caras locales. Allí se desarrollan explotaciones petroleras, de cobre. Esta sociedad minera que era una pequeña porción, en los escritorios de las dictaduras militares establecieron derechos sobre esos territorios".
El INAI como herramienta política
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el INAI otorgó más de 21.000 hectáreas a comunidades mapuches en el sur de Mendoza, incluyendo al Lof El Sosneado. Esta decisión generó tensiones con el gobierno provincial, que cuestionó la validez de las resoluciones del INAI por supuestas irregularidades jurídicas.
Con el cambio de gobierno, el INAI revisó en 2024 la situación del territorio reclamado, buscando incorporar al Ejecutivo mendocino en el análisis técnico. No obstante, este movimiento no cambió la resolución judicial.
Decisión final de la Corte Suprema
El Máximo Tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja presentado por Verón, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto dejó en firme la orden de desalojo, que enfrenta ahora la controversia de los derechos de las comunidades indígenas frente a intereses privados.
