Con el apoyo del PJ oficialismo logró este martes que la Legislatura aprobara la ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en adhesión a la ley nacional 27.401 sancionada en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Establece la responsabilidad penal empresarios por delitos de corrupción. Fueron 37 votos a favor y uno en contra, de Lautaro Jiménez (FIT).
Se trata de la adhesión a una ley que militó la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, en pleno desmantelamiento continental de la gigantesca constructira brasileña Odebrecht a través de una guerra jurídica en toda América Latina.
Los delitos que dice perseguir la normativa prescriben a los 6 años y si la propia empresa es la que denuncia una irregularidad queda eximida de responsabilidad.
Culpables con excepciones
La mencionada ley pone el foco en las compañías como responsables de los actos de corrupción cometido por
individuos de los que se hayan beneciado. Entre las sanciones previstas, hay multas que van de dos a cinco veces
del benecio indebido u obtenido, la suspensión total o parcial de actividades, la imposibilidad de participar en
concursos y licitaciones públicas, y hasta la cancelación de la personería jurídica.
El texto de la norma nacional dice que la empresa puede eximirse de la pena si se dan tres condiciones de manera simultánea: que sea la misma compañía -y no el Estado- la que detecte el delito de forma espontánea; que se haya implementado un sistema de control y supervisión adecuado (programas de integridad o “compliance”) previamente a la comisión del delito; y que la empresa devuelva el beneficio obtenido de forma ilegal.
El PJ adhirió, el FIT no
El Frente para la Victoria votó en contra en su momento de la ley nacional, sin embargo el PJ ahora acompañó la iniciativa a nivel provincial, según fundamentó el jefe de bloque, Lucas Ilardo "nos genera unas pequeñas dudas pero vamos a apoyar".
Lautaro Jiménez fundamentó su rechazo a la adhesión a la ley creada "supuestamente para combatir la corrupción".
Postuló el senador: "Esta ley lo que busca es que se puedan legalizar pactos de impunidad con las empresas a cambio de que pagando pequeas multas se termine de levantar un proceso de investigación. Fue hecha a medida de empresas como Odebrecht. Más allá de la práctica discursiva, no creemos que sea una herramienra que vaya a ayudar a investigar los casos que se investigan en Mendoza, desde la privatización de los bancos a la renegociación de la deuda a manos del Credit Suisse. Tampoco los delitos de tipo ambiental como los derrames petroleros, por los cuales el estado debe hacerse cargo de costosos procesos y las empresas pagando multas mínimas".
Propuso Jiménez que se debe "auditar los patrimonios de los funcionarios políticos vinculados a la obra pública y de los juees quer tienen que investigar esos procesos y se avance con el combate a la corrupción, podrían empezar por incluirlo en los juicios por jurado popular".
Luego intervino Alejandro Abraham (PJ), quien fundamentó el cambio de postura del justicialismo: "Por estos mismos motivos (N. de la R: se refiere a lo expuesto por Jiménez) el bloque del FpV también voto en contra entendiendo que esta ley es una forma de amortiguar la responsabilidad de las empresas, una ley hecha a medida de las patronales. Pero esta ley ya tiene vigencia y lo que hace la Legislatura es adecuarse al mandato de la ley nacional".
La polémica por los delitos ambientales
Cuando se trató la ley en el Congreso, la entonces diputada nacional Alcira Argumedo sostuvo que el proyecto sancionado “disminuye las penas y los delitos. Antes se contemplaban todos los delitos del Código penal y ahora solo los correspondientes a la Adminstración pública y apenas se agrega el delito de fraude en los balances . En cuanto a la prescripción es sólo de 6 años, con un agravante que se va a penar exclusivamente el delito por corrupción. Es decir si una empresa paga una comisión a un funcionario para que no de cuenta de los avales que se requieren en el caso de contaminación, como la Barrick Gold con los derrames de agua con cianuro, acuerda con el Gobierno de San Juan para que desmienta los estudios de la contaminación con cianuro de una universidad” .
Uno de los articulos más resistidos entonces fue el referido a la posibilidad de que las personas jurídicas -a través del Procurador del Tesoro- pudieran negociar sin involucrar a la Justicia con empresas que admitiesen haber pagado coimas antes de la sanción de la ley. Es decir, era un artículo redactado a la medida de las necesidades del macrismo frente al escándalo de Odebrecht. Ese punto fue eliminado para que pudiera pasar la norma.
