Con sólo tres votos en contra, Alfredo Cornejo abrochó en el Senado una contundente victoria en su pelea por imponer la megaminería metalífera en Mendoza. La Declaración de Impacto Ambiental en bloque de 34 proyectos para perforar la cordillera en busca de cobre se convirtió en ley con 33 votos a favor, dándole al gobernador el espaldarazo institucional a su embate prominero.
Como ocurrió en Diputados, la sesión fue supervisada minuto a minuto por la ministra Jimena Latorre, el el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el intendente de Malargüe, Celso Jaque.
⚠️Con gran apoyo de la oposición Cornejo logró la sanción definitiva para explorar cobre en Malargue
👉El proyecto sólo tuvo tres votos en contra ⬇️ https://t.co/mEoMV8ePor pic.twitter.com/qmNCcIBymS
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) November 12, 2024
Los senadores Dugar Chappel (Partido Verde), Flavia Manoni (Compromiso Federal) y Gerardo Vaquer (PJ) votaron en contra del proyecto. Entre los cuestionamientos al paquete minero figuró la falacia de la minería verde o respetuosa de la Ley 7722 que instaló el oficialismo.
Sintetizado en la intervención del senador Chappel: "No hagamos una farsa para decir que estamos cumpliendo con la 7722 porque no la estamos cumpliendo. Estamos haciendo una delegación legislativa al gobernador prohibida por el artículo 12 de la Constitución Provincial".
La agenda minera que sigue
Después de la aprobación en el Senado, Cornejo seguirá con su agenda minera: Litio en San Rafael. Hierro Indio en Malargüe. Creación del Código de Aguas. Disolución del Epas.
La eliminación del EPAS comenzó a tratarse en la sesión inmediatamente después de la aprobación del paquete de proyectos mineros.
Viene con media sanción en Diputados y plantea disolver el EPAS y pasarle todo el poder del manejo del agua a Sergio Marinelli, titular de Irrigación y pieza clave en la expansión del fracking en Mendoza. El EPAS es uno de los entes de control bajo dominio del cornejismo, como el EPRE, el EMOP y la oficina de Ética Pública.
La disolución del EPAS anticipa una suba de tarifas, y en ese sentido Marinelli ya se ha pronunciado por cobrar según cantidad de consumo.
El manejo del agua por parte del Ejecutivo a través de Irrigación será total. El proyecto señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, convocará a los organismos de la administración central y descentralizada, institucional o territorial, con competencia hídrica, para que procedan a unificar sus procedimientos en la aplicación de las normas de calidad, su control y la promoción de los sistemas de tratamiento más convenientes”.
