El juramento de Norma Llatser este jueves reafirma la hegemonía del radicalismo en la Suprema Corte, uno de los órganos judiciales controlados por el cornejismo. Llatser reemplazará a Pedro Llorente, otro radica, quien se jubiló días atrás después de 37 años en la Corte. Será la tercera mujer en llegar al máximo órgano judicial después de Aida Kemelmajer y Teresa Day.
La Corte seguirá teniendo pues una mayoría filo-radical: Dalmiro Garay, José Valerio, Llatser y Teresa Day, frente a dos jueces filo-peronistas, Julio Gómez y Mario Adaro, y uno referenciado en los movimientos de Derechos Humanos, Omar Palermo.
La Suprema Corte es uno de los engranajes de poder público dominado por Cornejo desde la reforma que impulsó para licuar la Sala 2, el último de los reductos de poder que no estaba bajo su poder.
Desde su primera gestión Cornejo quiso modificar la Corte, pero no fue sino hasta 2022 que apuró, a través de su sucesor Rodolfo Suarez, esos cambios.
Organismos de Derechos Humanos acudieron a la ONU en un intento de evitar la cooptación del Poder Judicial por parte de Alfredo Cornejo
La Sala II era la penal y laboral, y desapareció en 2023 para pasar a un sistema de sorteo entre los siete ministros "previa decisión fundada del pleno de la Suprema Corte de Justicia –adoptada por dos tercios de la totalidad de sus miembros-”. El sistema de sorteos entró en vigencia en diciembre de 2023.
La Sala 2 -penal y laboral- de la Corte, era, sino el último, uno de los últimos bastiones de poder libres de la injerencia de Alfredo Cornejo, quien desde que fue ungido gobernador en 2015 expandió su poder más allá del Ejecutivo, hacia el Poder Legislativo, los entes de control, las fiscalías y los juzgados, la oficina de ética pública y el Tribunal de Cuentas, con mano de hierro en la pauta publicitaria para evitar filtraciones. Solo unas pocas voces disidentes se alzaron en su momento para denunciar el avance en bloque del electo gobernador.
Esa sala de la Corte -que estaba integrada por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, los dos primeros llegaron a la Corte propuestos por el PJ, mientras que Valerio fue propuesto por Cornejo- fue disuelta por la reforma impulsada por el propio Cornejo y avalada por la Legislatura, dominada por el oficialismo desde 2015.
Proscripción de listas opositoras
Esta reforma no es el único elemento revelador de la cooptación del Poder Judicial por parte del cornejismo. Xumek apunta también la proscripción de la lista opositora en las elecciones del Colegio de Abogados en la Primera Circunscripción.
"Este organismo posee una relevancia indiscutible en la salvaguardia de la independencia del poder judicial. Sin embargo, luego de una serie de maniobras fraudulentas, se neutralizaron los mecanismos que permitían la inclusión de voces disidentes. Esta ausencia de apertura a las minorías políticas contraviene los principios democráticos arraigados en la Constitución Nacional", apunta el informe.
El escándalo de la selección de jueces a pedir de Cornejo
El informe de la ong apuntó también al escándalo revelado a pocos días de las elecciones en Mendoza donde diversos documentos mostraban el "tráfico de influencias" ejercido por Cornejo en la selección de jueces a través del Consejo de la Magistratura. El entramado se hizo público a través de una serie de audios atribuídos a cornejistas que presionan para modificar resultados de exámenes y torcer la selección de magistrados según su conveniencia.
Una denuncia penal del abogado Leonardo Pasccon -destituído por el Consejo- expuso los delitos de coacciones y falsedad ideológica, realizados por Sebastián Soneira, Director de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, y por Andrea Maturana, Presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial y de la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza y señaló que "el objetivo de los funcionarios era controlar el ingreso a la magistratura. También se mencionaron presiones ejercidas sobre otros miembros de comisiones asesoras".
"Fue durante esta investigación penal que se descubrieron una serie de comunicaciones que evidenciaron el uso de cargos públicos para comprar voluntades e influir en la selección de magistrados, aprovechar el rol institucional para forzar reformas y falsificar información para obtener nombramientos", recordó la ong.
