El Gobierno reactivó el Consejo Económico y Ambiental y Social de Mendoza (CEAS) -el ente paraestatal que Rodolfo Suarez creó, entre otras cosas, para reimpulsar la megaminería "con consenso"- y movió las fichas en la aprobación de nuevos proyectos que no son vinculantes pero dan una idea de la orientación del organismo burocrático donde el lobby minero tiene sus intereses.
El Ejecutivo promocionó una nueva reunión del CEAS, que "aprobó" el avance de dos proyectos: uno "que apunta a generar un mecanismo de evaluación de los proyectos de inversión de la provincia con una metodología específica y un equipo técnico capacitado de nivel nacional e internacional".
Oportuno es recordar que el CEAS no tiene ningún tipo de injerencia en la política concreta del Ejecutivo, sino que apunta a instalar los temas y a que las discusiones tengan un aparente consenso por estar sentados a la mesa referentes de distintos estamentos sociales. Cuando fracasó la ley del cianuro que pretendía derribar la 7722, Suarez blanqueó que buscaría otros mecanismos para contraponer la potencia de las protestas callejeras.
Según la catarata de terminología burocrática oficial, la idea es "contar con un banco de proyectos que consideren la dimensión ambiental, social y económica de cada plan para que la inversión pública pueda ser muy bien asignada".
Semejante propuesta se dio una semana después de conocerse el crecimiento de la pobreza en Mendoza y la intención de la Cámara de Empresarios Mineros de usar ese dato para avanzar con la campaña de propaganda extractivista como tabla de salvación de la economía de Mendoza.
El presidente de la cámara, Raúl Rodríguez, admitió que pone sus fichas en reflotar el tema minero a través del CEAS, donde no están las Asambleas por el Agua, principales impulsoras de la resistencia en las calles contra la megaminería.
“Cada comisión elevó, desde el seno, algunos temas. Esperamos que en esta segunda etapa esa propuesta se transforme en proyecto y alguno de los poderes lo tome”, le dijo Rodríguez a Los Andes semanas atrás.
El segundo proyecto que trató el CEAS deriva de la Comisión de Agua y Saneamiento y plantea "el diseño y la formulación de un máster plan de gestión hídrica para abordar todas las temáticas relacionadas con los problemas de irrigación de la provincia tanto para tierras irrigadas como para tierras no irrigadas”. Aquí entra el Plan B en el caso de que el laudo por Portezuelo haga caer la obra.
