Negocio inmobiliario

Convocaron a una marcha para frenar la cesión de una histórica escuela de sordos al Distrito del Vino que idearon Suarez y Larreta

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Rodolfo Suarez y Horacio Rodríguez Larreta en una de las actividades de promoción del Distrito del Vino. Foto: @rodysuarez

La comunidad de la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo, del barrio de Villa Devoto, volverá a congregarse este lunes en el establecimiento para rechazar la cesión de uno de los edificios escolares al proyecto que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) junto al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, para instalar el denominado Distrito de Vino, que apunta a potenciar la actividad vitivinícola en el distrito.

Ambos mandatarios lanzaron, en septiembre de 2021 un "polo gastronómico" vinculado a la vitivinicultura, una especie de vidriera de Mendoza en Buenos Aires. “Vamos a tematizar un barrio de la Ciudad de Buenos Aires con el vino”, anunció Suarez al respecto.

Sin embargo, quienes ocupan la escuela de sordos tienen dudas acerca de cñomo afectará esta idea comercial e inmobiliaria a esa institución.

El 2 de marzo, funcionarios del Ministerio de Educación concurrieron a la escuela para dialogar con los directivos por el futuro del Palacio Ceci, lo que generó una protesta masiva de la comunidad escolar en las puertas de la institución.

La escuela a la que asisten estudiantes de los niveles primario, secundario y de adultos, concentra el dictado de las clases en un edificio contiguo que tiene siete años de antigüedad, en tanto que mantuvo parte de sus tareas, sobre todo las reuniones de maestros y las tareas administrativas, en el Palacio.

En ese antiguo edificio, funcionó desde 1938 la escuela de sordomudos y también durante décadas existió un internado para niños del interior del país.

Según dijeron a Télam fuentes del Ejecutivo porteño, la intención es que el edificio "no tenga la exclusividad para las tareas educativas", sino que amplíe sus usos, entre ellos, que sirva como una de las sedes del Distrito de Vino y, para ello, iniciaron las obras de refacción, que demandará gastos por 200 millones de pesos.

"Exigimos al Gobierno de la Ciudad que respete la Constitución de la Ciudad y convoque a audiencia pública para informar a la comunidad cuál es el destino del inmueble de bien público donde ya han iniciado las obras de remodelación", indicaron los organizadores de la actividad de este lunes.

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