Alfredo Cornejo convocó a audiencia pública para discutir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ, el proyecto extractivo que planea explotar oro y cobre en Uspallata. Pero más allá de la formalidad del anuncio, la polémica ya está servida: la cita será el sábado 2 de agosto, a las 10 de la mañana, en un punto remoto de la montaña, cerca del yacimiento. Un sitio de difícil acceso que, para vecinos y asambleístas, tiene sabor a maniobra política.
La comparación con 2010 es inevitable. Aquel año, más de 700 personas se inscribieron para participar y unas 2.000 se manifestaron en la audiencia que terminó por frenar el avance del emprendimiento. Fue en pleno corazón de la villa cordillerana, en un galpón de Vialidad Nacional. Esta vez, el escenario será mucho más escarpado y solitario.
San Jorge obtuvo dictámenes en contra de la UNCuyo, el IADIZA y de Hidráulica, entre otros
La Autoridad Ambiental Minera (AAM), organismo conformado por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, publicó la convocatoria en el Boletín Oficial y anunció que la audiencia podrá seguirse también de manera virtual.
En un intento de mostrar facilidad para el acceso, el Gobierno ofreció la posibilidad de transporte “desde localidades cercanas”, aunque los detalles aún no fueron informados. El acto estará coordinado por la técnica Rebeca Cultrera y contará con transmisión en vivo vía YouTube.
A pesar del tono institucional, el expediente que se pondrá en discusión carga con un tendal de cuestionamientos técnicos. La Facultad de Medicina de la UNCuyo alertó sobre el uso de al menos cuatro sustancias químicas de alta peligrosidad; IADIZA y la Dirección de Hidráulica denunciaron la escasa claridad en torno al abastecimiento de agua desde el arroyo El Tigre y a la magnitud del dique de relaves. Frente a estas críticas, la respuesta de la empresa Minera San Jorge ha sido una promesa vaga: “más adelante se subsanarán”.
El Conicet cuestionó la viabilidad ambiental del proyecto San Jorge en Uspallata
Este nuevo capítulo reactiva un conflicto que sacudió a Mendoza en la previa de las elecciones de 2011. El entonces candidato peronista Paco Pérez, acorralado por la presión social, terminó pidiendo a sus propios legisladores que rechazaran el proyecto que él mismo había impulsado años atrás como ministro. Así, el proyecto fue archivado por unanimidad. La Ley 7722 —emblema de la protección ambiental en Mendoza— había mostrado toda su fuerza.
En 2015, la Suprema Corte provincial blindó la norma, declarándola plenamente constitucional y clausurando los intentos del sector empresario por dar vuelta la historia. Pero en esa misma resolución apareció una brecha: el juez Mario Adaro advirtió la ambigüedad del artículo 1, que prohíbe “otras sustancias tóxicas” sin especificarlas. Esa ambigüedad, años después, se transformó en fisura legal para revivir el expediente San Jorge.
Con antecedentes judiciales saldados, con un gobierno decidido a reimpulsarlo y con la memoria social aún despierta, el proyecto minero que parecía enterrado vuelve a buscar luz entre las montañas.
