En la Subcuenca El Carrizal, Mendoza, el jefe de Irrigación habilitó nueve pozos a grandes empresarios para riego, a pesar de que se trata de una zona cuyo acuífero estaba restringido por dos años según otra resolución. El propio funcionario que firmó la restricción, Sergio Marinelli, también firmó la resolución que la modificó.
El funcionario no hace nada sin la venia o el pedido explícito de Alfredo Cornejo.
En febrero de 2025, el Departamento General de Irrigación aprobó nuevas perforaciones en la margen derecha del río Mendoza, dentro de la Subcuenca El Carrizal. Lo insólito: la zona estaba declarada en restricción desde agosto de 2024 mediante la Resolución 1108, firmada por el propio Marinelli.
Informe Explícito: Sergio Marinelli, pieza clave en el plan de manejo de agua de Cornejo
A contramano de informes jurídicos, científicos y técnicos —entre ellos, del Instituto Nacional del Agua (INA) y la Dirección de Asuntos Legales del DGI— se habilitó la extracción de agua a empresas con alto poder económico. El dato fu revelado por El Medio, y entre las favorecidas figuran:
- Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain (del poderoso Grupo IRSA, cercano al presidente Javier Milei), con cinco pozos para el riego de 424 hectáreas.
Elsztain es dueño del Hotel El Libertador -donde se refugió Javier Milei tras ser electo- de la desarrolladora inmobiliaria IRSA Propiedades, del Banco Hipotecario, de la agropecuaria BrasilAgro y también de Cresud. Un estudio de la organización Global Witness indica que Cresud "se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del informe.
- Chimpay La Rioja S.A., del empresario coreano Young Woo, con dos pozos para 150 hectáreas en el emprendimiento Santa María de Los Andes.
- Grappolo S.A., del bodeguero Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina), con un pozo para uso industrial y recreativo.
- Pedro García Mateo, con un pozo destinado al riego de 18 hectáreas.
En total, las perforaciones aprobadas permitirán regar cerca de 600 hectáreas en Agrelo. Según estimaciones inmobiliarias, las tierras beneficiadas —que antes casi no tenían valor— pasaron a cotizar entre 12 y 24 millones de dólares tras recibir acceso al recurso hídrico.
Entre resoluciones cruzadas y justificaciones oficiales
"No se ha dispuesto de una sola gota más de agua de lo que se había previsto en el proceso original", justificó Marinelli en una entrevista con Mdz. "Desde que yo estoy al frente no se da más autorizaciones no según lo que quieran sacar sino según lo que se necesite".
La Resolución 1108 imponía una restricción de dos años para nuevas perforaciones. Sin embargo, seis meses más tarde, Marinelli firmó la Resolución 125, con base en informes de la Dirección de Gestión Hídrica que, aunque reconocen que "la recarga sostenible del acuífero aún no está garantizada", avalaron la redistribución de volúmenes supuestamente remanentes.
"Se hizo un ordenamiento del tema sobre las disponibilidades del acuífero en Mendoza", argumentó el funcionario. “Eso estaba basado en un informe técnico y se terminó ese proceso con la Resolución 1108. Lo que hemos hecho es ordenar un proceso de juicios y contestarle a la Corte”.
Marinelli, cercano al gobernador Alfredo Cornejo, sostuvo que los permisos no fueron para “empresarios poderosos”, sino para quienes “tienen espalda para sostener proyectos productivos onerosos”. “Condicionamos a los empresarios”, aseguró, y destacó la exigencia de instalar estaciones hidrológicas “muy costosas” como contrapartida.
Falta de control judicial y antecedentes
A pesar de que la Resolución 751 (ratificada por el Honorable Tribunal Administrativo) impide otorgar nuevos permisos en zonas en conflicto hasta resolver casos previos, la Resolución 125 modificó ese criterio. Lo más llamativo: aún no ha sido tratada por el Tribunal Administrativo, actualmente con mayoría alineada con el oficialismo radical.
La historia, además, no es nueva. Bajo la gestión de Eduardo Frigerio, durante el gobierno de Francisco Pérez, se autorizaron 21 perforaciones ilegales en la misma zona. Aquella vez se promovió un juicio político que no prosperó, y la mayoría de esas perforaciones siguen activas sin resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.
