En un contexto de achique del Estado y ajuste permanente de personal y partidas de gasto, Alfredo Cornejo le pagará 280.000 dólares (335 millones de pesos al cambio actual) a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para que analice la estructura del empleo público y haga sugerencias respecto de dónde apretar el cinturón, remover o reasignar recursos.
Este convenio, según la propaganda oficial, pretende evaluar la cantidad y funciones de los empleados públicos, en un esfuerzo por "optimizar la dotación de personal". Sin embargo se enmarca en una política general de ajuste y austeridad de la que hace gala el cornejismo desde que asumió.
Precisamente los salarios, que en el presupuesto son las partidas de personal, han sido los más afectados para los recortes definidos por el gobierno. Entre otras cosas, para pagar la deuda en dólares que tomó en 2016.
Confidencialidad y Alcance del Convenio
El acuerdo, firmado por Cornejo y la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, enfatiza la confidencialidad de la información recolectada.
Según los términos establecidos, tanto la información entregada como la generada serán protegidas bajo la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales. Las partes involucradas acuerdan no divulgar información sin consentimiento expreso.
Indica además el convenio que "las partes acuerdan no divulgar, revelar, transmitir ni utilizar de ninguna manera la información confidencial, salvo que sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el citado Convenio, o cuando exista consentimiento expreso por escrito de la parte que revela la información o del Gobierno de la Provincia"
Detalles de la auditoría de la UNCuyo
Según lo acordado, la coordinación general Legal y Técnica, dependiente de la Secretaría General del Rectorado, llevará a cabo diversas actividades clave, entre las que se incluyen:
- Revisión de funciones y responsabilidades en áreas ministeriales.
- Actualización de organigramas y sistemas de control.
- Análisis exhaustivo de los procesos de recursos humanos, impulsando la capacitación y el fortalecimiento profesional.
Objetivos y proyección de impacto
El objetivo principal, asegura el Ejecutivo, es "optimizar la dotación de personal y establecer esquemas de compensación sujetos al cumplimiento de objetivos, mejorando así la administración pública en todas sus áreas.
En el marco de esta iniciativa, UNCuyo asesorará al Gobierno durante un año y convocará a un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales y estudiantes avanzados especializados en la temática.
Posibles implicancias en el empleo público
Aunque el proyecto busca crear una administración más ágil y eficiente, el contexto genera preocupación entre los trabajadores estatales.
Desde el 2016, el gobierno radical ha impulsado políticas de reducción de personal y la Suprema Corte avaló tales ajustes en un fallo de 2024 que autorizó la desvinculación de 5.000 empleados ingresados sin concurso desde 2015.
