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Alfredo Cornejo dio otro paso en la ejecución de su plan minero con la presentación formal del Distrito Minero Mendoza Norte (DMN), ubicado Uspallata. A través de la empresa estatal Impulsa Mendoza, el Ejecutivo presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de carácter global, dando inicio formal al proceso de evaluación ambiental para una serie de proyectos de exploración de cobre, oro y plata. El plan comprende 20 proyectos de exploración que abarcan 65 propiedades mineras, los cuales deberán ser analizados en paquete por la Legislatura. Ese es el corazón de la estrategia de los distritos mineros ideada por el cornejismo: evitar el tratamiento proyecto por proyecto.
Entre los yacimientos incluidos destacan áreas como Pampa Paramillos, Yalguaraz, San Alberto, Campanario, Cerro Pelado, Ámbar I, Ámbar II, Pampa Fría Norte, Pampa Fría Sur, Paramillos Centro, Tortugón, Mailo, Pleyades y Mercedario, las cuales se concentran en un polígono estratégico que posee reservas potenciales de cobre y oro certificadas por el SEGEMAR.
El diseño del Distrito Minero Mendoza Norte busca expandir territorialmente los confines de proyectos históricos como San Jorge. Según los procedimientos normativos informados por el Ejecutivo, la presentación de estos informes da inicio a una fase de evaluación técnica y legal a cargo de la Autoridad Ambiental Minera. Posteriormente, por tratarse de proyectos metalíferos, las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deberán ser remitidas a la Legislatura de Mendoza para su ratificación por ambas cámaras.
Mendoza Norte: un nuevo distrito minero con 20 proyectos de exploración y 65 propiedades mineras. Impulsa Mendoza presentó los estudios que dan inicio a su evaluación ambiental, con información científica y los controles que exige la ley.
Decidimos impulsar la minería y avanzamos con hechos. Seguimos dando pasos para atraer inversiones y generar producción y empleo, con una minería responsable.
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 7, 2026
La polémica por la consultora internacional y la resolución judicial
El proceso técnico del Distrito Minero Mendoza Norte se apoya en una línea de base ambiental contratada para relevar una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados. La elaboración de esta documentación fue adjudicada a la consultora internacional sudafricana Knight Piésold por un monto de US$ 300.000.
La asignación del estudio a esta firma privada comprende la caracterización ambiental de un área que engloba entre 140 y 200 propiedades mineras. Este informe unificado es cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones socioambientales, quienes advierten que la escala del análisis reemplaza los estudios individuales por una caracterización estática.
El papel de la consultora como arquitecta del Distrito Minero Norte y autora del polémico EIA de PSJ Cobre Mendocino la sitúa en el centro de acusaciones por falsedad ideológica, ocultamiento de informes científicos y simulación de participación ciudadana.
El espaldarazo de la Suprema Corte
En el plano legal, el avance del Distrito Minero Mendoza Norte obtuvo un espaldarazo con el reciente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la firma Aguas Danone, titular de la Reserva Natural Villavicencio, la cual pretendía la unificación de demandas relativas a la propiedad de la tierra e impactos en la zona de Paramillos y la expansión del proyecto San Jorge. Al impedir la acumulación de estas causas, la Justicia de Mendoza evitó la paralización del trámite administrativo. Aunque el diseño del distrito excluyó expresamente el polígono de la Reserva de Villavicencio, el fallo habilitó la continuidad de los estudios ambientales encargados a Knight Piésold en los terrenos adyacentes con potencial minero.
La ingeniería administrativa de los "distritos mineros"
El desarrollo de este esquema territorial responde a un modelo previo implementado en el sur provincial denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). En dicha zona, la firma canadiense Kobrea Exploration Corp. dio inicio a tareas de perforación en el proyecto El Perdido, el cual abarca 6.878 hectáreas con una inversión inicial proyectada de US$ 20 millones para explorar hasta 1.000 metros de profundidad, contando con un permiso de Departamento General de Irrigación para utilizar 35 metros cúbicos diarios de agua.
La estrategia de los distritos mineros consiste en agrupar decenas de yacimientos dentro de una misma unidad geográfica para aplicar una "ventanilla única territorial". El Gobierno de Mendoza argumenta que este procedimiento se encuadra plenamente en la Ley 7722. Las autoridades fundamentan que las actividades autorizadas corresponden exclusivamente a la etapa de exploración y no emplean sustancias como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico, respetando la prohibición del Artículo 1 de dicha norma. Asimismo, afirman que el cumplimiento del Artículo 3 se garantiza mediante el envío agrupado de las DIA para la ratificación de la Legislatura provincial, contando además con el aval de la Justicia de Mendoza, que rechazó las medidas cautelares contra la Ley 9.588/24.
En contraste, la asociación civil Oikos interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contra la Ley 9.588/24. La organización argumenta que la aprobación "en bloque" de 34 proyectos de exploración vulnera los principios precautorios del derecho ambiental al omitir la evaluación técnica individual de los impactos acumulativos sobre la cuenca del Río Colorado, los humedales altoandinos y las áreas periglaciares protegidas por la Ley Nacional de Glaciares N.º 26.639. Por su parte, informes técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y del IANIGLA-CONICET señalaron la necesidad de delimitar con precisión la presencia de ambiente periglacial antes del inicio de las actividades extractivas en la cordillera
