El Gobierno de Mendoza dio por concluido el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto minero San Jorge, asegurando que más del 67% de las expresiones recibidas se manifestaron a favor de la iniciativa. Con ese respaldo, el expediente PSJ Cobre Mendocino se encamina hacia el tratamiento legislativo, pese a las denuncias por impactos ambientales, uso de explosivos en zona cordillerana, afectación al río Mendoza y cuestionamientos a la legitimidad del procedimiento.
La imposición de la megaminería a gran escala es uno de los mayores anhelos de Cornejo desde 2016
La audiencia pública, extendida durante diez jornadas entre julio y agosto, fue presentada como “histórica” por el Ministerio de Energía y Ambiente. A ella se sumaron cinco días hábiles para el envío de correos electrónicos, elevando el total de intervenciones a más de 9.000, según cifras oficiales. De ese total, 6.378 se expresaron a favor del proyecto y 3.056 en contra, según el Gobierno. Entre estas últimas se cuentan 1.592 pronunciamientos notariales reunidos por la Asamblea del Agua y 856 correos canalizados por organizaciones territoriales.
Vecinos y asambleístas desmintieron las cifras oficiales de supuesto apoyo a San Jorge en Uspallata
De la descalificación oficial al cumplimiento forzado
La ministra Jimena Latorre calificó la instancia participativa como “hipócrita” e “ilegítima”. Sin embargo, ante la presión social y la normativa vigente, el Ejecutivo se vio obligado a incorporar todas las opiniones al expediente administrativo.
El documento incluye informes técnicos de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), además de dictámenes de organismos como Irrigación, Vialidad Nacional, INAI, EPRE, IADIZA, EMETUR y SEGEMAR.
Mientras el oficialismo defiende el proceso como “riguroso y plural”, asambleas socioambientales y espacios científicos independientes anticipan un debate caliente por los porcentajes de apoyo exhibidos.
Denuncias por manipulación y pedido de auditoría
La organización Oikos Red Ambiental exigió una auditoría integral e independiente sobre el procedimiento de inscripción, validación y desarrollo de la audiencia en la estancia Yalguaraz, Uspallata. La solicitud incluye el resguardo notarial de las bases de datos y apunta a develar los algoritmos y criterios utilizados para asignar los cupos presenciales en una sede de alta montaña, denunciando un proceso viciado que habría violado el derecho a la participación.
¿Qué implica el proyecto San Jorge?
El emprendimiento contempla la extracción de oro y cobre mediante voladuras y uso de químicos como el xantato en zonas de alta sensibilidad hídrica. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una minería “sustentable y fiscalizable”, los antecedentes del proyecto —rechazado en 2011 por la Legislatura— y el avance megaminero en la región reactivaron las alarmas sociales.
Camino a la Legislatura, entre protestas y detenciones
Con el expediente cerrado y el respaldo del 67% como bandera, el oficialismo prepara el terreno para el tratamiento legislativo. El proyecto podría ingresar en las próximas semanas a comisiones, donde se espera un fuerte cruce entre sectores productivistas, ambientalistas y representantes territoriales.
Las protestas no cesan: la última movilización concluyó con la detención de Facundo Gollano, uno de los manifestantes, tras la marcha del viernes pasado.
