Alfredo Cornejo participó este martes de la firma de pactos entre gobernadores colaboracionistas y la administración libertaria para que avance la Ley Bases en Diputados.
Junto a Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Claudio Poggi, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio acordaron impulsar un "un dictamen de un solo artículo que ratifica todas las modificaciones" que introdujo la Cámara Alta. A cambio pidieron restablecer el Impuesto a las ganancias, que es coparticipable a las provincias.
Como se trata de un impuesto coparticipable, aproximadamente un 60% de lo recaudado va a las provincias y CABA y el restante 40% va a Nación. De este modo, del 0,5% del PBI de mayor recaudación potencial, 0,30% va a ir a las Provincias y CABA y 0,2% va a ir a la Nación.
A Mendoza llegarían $35.000 millones anuales si se restituye Ganancias, según un informe del IARAF. El cornejismo acudió a la Corte con una demanda para que se volviera con el impuesto sobre un millón de trabajadores, que había quitado Sergio Massa en campaña.
Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Rodrigo De Loredo garantizaron el dictamen por las facciones amigables con Milei. Pidieron que no se insista con las privatizaciones, y el Gobierno habría aceptado excluir del desguace y venta a Aerolíneas, el Correo y RTA.
El dictamen final de la ley de Bases quedó completo con la rúbrica de 66 legisladores de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, la Coalición Cívica –en disidencia parcial- y Hacemos Coalición Federal, sin la firma de la socialista Mónica Fein. La diputada sanjuanina Nancy Picón Martinez se ausentó al plenario. Y Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, lógicamente, no firmaron.
Seis meses trabada
La ley de Bases, proyecto insignia del gobierno de Javier Milei, lleva seis meses de trámite parlamentario. El jueves 27, cuando está previsto que se realice la sesión, cumplirá exactamente seis meses desde su ingreso a la Cámara de Diputados. Durante el verano fracasó en el recinto, cuando fue devuelta a comisiones. El pasado 30 de abril obtuvo media sanción y el 12 de junio se aprobó en el Senado, pero volvió modificada a la cámara de origen.
Durante esta segunda etapa, la llamada “ley ómnibus” -en sus inicios- se trató en paralelo con el paquete fiscal, que en la Cámara alta tuvo un rechazo en la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. Estos son los dos temas que más interesan al Poder Ejecutivo para que Diputados vuelva a introducir en la ley.
La oposición colaboracionista está dispuesta y, bajo la búsqueda reforzar el aval para otorgarle ese pedido al Gobierno, se reunió en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) este martes con gobernadores que piden por lo mismo. No obstante, en el caso de Bienes Personales no están a favor ahora los cordobeses que responden a Martín Llaryora.
Según pudo saber parlamentario.com, hay “mucho compromiso” de la oposición dialoguista para resolver de una vez ambos temas y los gobernadores están interesados también en “cambiar la agenda”. “Cada vez que se reúnen con el Ejecutivo, es todo ley Bases”, contó a este medio uno de los legisladores que participó.
