“En Mendoza el orden público no se negocia”, sentenció la ministra de Seguridad Mercedes Rus al anunciar que las manifestaciones contra el proyecto minero San Jorge quedarán confinadas en Plaza Independencia. El espacio verde, próximo a la Legislatura, será el único habilitado para protestar, bajo estrictas reglas: sin acampes, sin corte de calles y con vigilancia permanente, incluído el reconocimiento facial y fiscales afines al oficialismo preparados para abrir causas a mansalva, como vienen haciendo en las protestas en defensa del agua.
Las protestas en Mendoza se multiplicaron desde que Diputados dio media sanción a la DIA de San Jorge, el martes será el turno del Senado
El dispositivo incluye reconocimiento facial y aplicación del principio de flagrancia para quienes reincidan en delitos vinculados a las movilizaciones. Según Rus, el objetivo es “dar garantías para que se manifiesten, pero con reglas claras”, tras recordar episodios de tensión en marchas antimineras recientes. En las últimas marchas, tras una manifestación pacífica, la policía enfrentó a manifestantes a los empujones y luego detuvo al voleo a vecinos.
El Gobierno busca encapsular la protesta y evitar que se repitan escenas como las de 2019, cuando la reforma de la Ley 7722 desató una pueblada que obligó a retroceder a Rodolfo Suarez, quien tras un pacto con el PJ reformó la ley para habilitar el cianuro en la minería.
Blindaje institucional y antecedentes
El gobernador Alfredo Cornejo ordenó blindar la Legislatura provincial desde el miércoles y hasta el 9 de diciembre, día en que el Senado tratará la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge. Patrullas, camiones de asalto y filas de efectivos rodean los accesos, en un operativo que se intensificará en los días previos.
La memoria de diciembre de 2011, cuando miles de manifestantes frenaron la misma iniciativa, y la de diciembre de 2019, cuando el oficialismo debió retrotraer la reforma de la Ley 7722, explica la magnitud del despliegue actual. El Gobierno no quiere sorpresas y apuesta a un cerco de seguridad que asegure el desarrollo de la sesión.
La caminata por el agua
Mientras el oficialismo refuerza la seguridad institucional, vecinos y asambleístas organizan la “gesta liberadora por el agua”: una caminata de más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la Legislatura, prevista para llegar el mismo día de la votación. La marcha contará con postas de descanso, agua y alimentos, y está pensada para que cualquiera pueda sumarse en distintos tramos.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno intenta encerrar la protesta en Plaza Independencia, las organizaciones sociales refuerzan la presencia territorial y apelan a la memoria de las movilizaciones que marcaron la defensa del agua en Mendoza.
Debate exprés y regalías en disputa
El blindaje no es solo físico. El oficialismo apuró un despacho de mayoría en el plenario de comisiones del Senado, evitando responder objeciones sobre regalías mineras, uso del agua y riesgos ambientales. La discusión duró menos de una hora y fue comandada por Yamel Ases, presidenta de la Comisión de Ambiente.
La oposición denunció falta de debate y cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo rebaje regalías a pedido de las empresas. “Estaban apurados como si tuvieran que ir al acto de la escuela”, ironizó un senador opositor. Entre los puntos más sensibles, se destacó el uso del arroyo El Tigre mediante el método de “tirolesa”, que genera preocupación por la cuenca aguas abajo. Irrigación recordó que todo caudal natural es público, mientras la empresa lo plantea como privado.
El.senador Vaquer (PJ) pide que no se de despacho a la DIA de San Jorge por no tener en cuenta la cuenca aguas abajo y las alertas de la Facultad de Medicina pic.twitter.com/StbeSh0R4l
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) December 3, 2025
Argumentos oficiales y objeciones técnicas
El oficialismo insiste en que el proceso ya fue suficientemente discutido: «Tuvimos nueve meses de trabajo, más de 100 profesionales involucrados, audiencias públicas con 750 oradores y casi 7.000 presentaciones escritas, de las cuales más de 6.000 apoyaron el proyecto. La Comisión de Evaluación Ambiental (CEIAM) firmó el dictamen que derivó en la DIA aprobatoria remitida por el Ejecutivo», señaló el cornejismo en el plenario de comisiones del Senado.
Sin embargo, las objeciones persisten. Legisladores opositores anticipan posibles demandas judiciales y cuestionan la falta de respuestas sobre regalías y riesgos del dique de colas. El trasfondo técnico quedó relegado por la urgencia política de aprobar el proyecto.
Un diciembre decisivo
El 9 de diciembre, la Legislatura de Mendoza será escenario de una disputa que trasciende lo técnico y lo político. De un lado, el Gobierno que busca aprobar San Jorge bajo un esquema de control estricto y con la protesta encapsulada en Plaza Independencia. Del otro, vecinos y organizaciones sociales que marchan por el agua, recordando que hace 14 años lograron frenar la misma iniciativa.