Con los testimonios de Carlos Venier, Alicia Peña y Francisco Hipólito Robledo, se desarrolló una nueva audiencia en Tribunales Federales de Mendoza en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad que sentó en el banquillo a ex jueces, militares y policías acusados de complicidad y de ser los brazos ejecutores del terrorismo de estado.
La audiencia debate abrió con el testimonio de Carlos Alberto Venier (hijo), quien compareció en calidad de testigo por la causa que investiga la detención de su padre (fallecido), el abogado Carlos Venier, producida el 26 marzo de 1976, en el estudio jurídico donde se desempeñaba como abogado laboralista.
De allí fue trasladado por un grupo militar al Liceo Militar General Espejo donde permaneció hasta el 27 de mayo. Posteriormente fue llevado a la Compañía de Comunicaciones hasta recuperar la libertad el 31 de mayo 1976.
Carlos Venier (padre) ejercía su profesión en defensa de personas perseguidas por el aparato represivo de la dictadura cívico militar. Además, fue presidente de la Liga Argentina por los derechos del Hombre e integraba el Partido Comunista. Esta actividad le valió diferentes amenazas ejecutadas por el Comando Anticomunista Mendoza.
“Por la actividad de mi padre, con las ideas y militancia que tenía, era un objetivo hasta necesario de cualquier proceso represivo”, expresó el testigo aportando detalles sobre las gestiones realizadas por sus familiares para establecer contacto con su padre detenido. Mencionó además a otros presos políticos que compartieron cautiverio con su padre, entre ellos el doctor Rodolfo Díaz, Jiménez Herrero, el doctor Abihaggle, Pedro Tránsito Lucero, Rafael Morán y Antonio Di Benedetto.
Militante y peronista: un carnet para la tortura
Seguidamente se oyó la declaración de Francisco Hipólito Robledo, quien para el año ‘76 pertenecía a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y trabajaba en el Hospital Paroissien.
Robledo inició su declaración detallando su actividad gremial en dicho nosocomio, a la cual vinculó un episodio de tortura padecido previamente a su detención. El testigo denunció este hecho ante el juez federal Carrizo. Aún así, tras esto, su vivienda fue allanada y ante la sospecha de persecución hacia su persona pasó a la clandestinidad. Se instaló en Cacheuta con el objetivo de salir del país, pero fue detenido en Álvarez Condarco y trasladado al Comando.
En aquel lugar, fue torturado por personas de civil a quienes pudo describir físicamente. El interrogatorio consistía en obtener información sobre otros presos políticos. Tras esto, fue trasladado al D2 donde permaneció detenido durante un mes. Allí –según relató- a cada hora era torturado.
Posteriormente fue trasladado al Pabellón XI de la Penitenciaría hasta noviembre de 1976. Sobre este período hizo referencia a la histórica requisa realizada por el Ejército junto a los agentes penitenciarios al asumir como director Naman García.
En noviembre, en un traslado masivo, Robledo fue llevado a La Plata donde permaneció hasta fines del ‘77. Regresó a la provincia en calidad de rehén y fue sometido a un Consejo de Guerra que al declararse incompetente, derivó su causa a la Justicia Federal.
Según relató el testigo, en aquella oportunidad denunció los apremios ilegales, torturas y abusos sexuales sufridos por sus compañeras detenidas. Agregó que en ese entonces, Max Petra Recabarren, oficiaba como defensor. A sus denuncias y reiterados pedidos de informe sobre el estado de su causa, no se les dio curso.
En marzo del ‘79 volvió a La Plata, y bajo vigilancia recuperó la libertad a finales de 1981.
“Yo tengo la rara suerte de estar con vida, tras caminar por las brasas del horror. Y hoy estoy eligiendo las palabras para referirme a quienes hicieron un trabajo sucio y son responsables de los compañeros desaparecidos”, expresó Robledo en una extensa y detallada declaración.
Ser joven y líder, otro motivo de detención segura
La jornada cerró con el testimonio de Alicia Graciela Peña, quien se desempeñaba como docente en la Escuela República de Cuba, cursaba 3º año en Filosofía y Letras de la UNCuyo y era catequista en una parroquia de San José. Su liderazgo la llevó a ser delegada en plenarios docentes y universitarios.
En la madrugada del 1 de abril de 1976, efectivos policiales irrumpieron en su vivienda para llevarla detenida al D2. Esta referencia fue seguida por un oscuro y denso relato sobre las sesiones de tortura y abusos padecidos por ella y por sus compañeros detenidos. “Cada vez que recuerdo eso me pienso en un pozo negro”, expresó ante una audiencia conmovida por su historia.
El 22 de abril fue trasladada a la Penitenciaría Provincial. Al llegar, Peña recordó haber visto a unas treinta mujeres con sus hijos. Sin contacto con el exterior ni con las presas comunes, durante sus días de detención en el Penal, hizo referencia a la requisa de julio al asumir Naman García.
En septiembre del ‘77 junto a un grupo de compañeras fue trasladada a Devoto. “Dormíamos en cuchetas con chinches y nos bañábamos con agua helada”, detalló la testigo y agregó que en ese lugar “las requisas eran permanentes, violentas y vejatorias”, además de las sanciones arbitrarias que limitaban las visitas que podían recibir. En este período recordó a Galindez al decir: “el objetivo es aniquilarlas, física y psíquicamente”.
En diciembre del ‘77 fue trasladada a Mendoza donde se conformara un Consejo de Guerra sobre un grupo de presos políticos, entre los cuales se encontraba Peña, acusados de pertenecer a una “célula subversiva”. Sobre este documento la testigo nunca tomó conocimiento hasta hoy.
El 27 de marzo de 1979 nuevamente fue trasladada a Devoto para recién, el 18 de noviembre de 1981 pasó a estar bajo el régimen de libertad vigilada hasta el 7 de junio de 1982.
Las audiencias públicas continuarán el próximo martes 2 de septiembre con el testimonio de Alberto Scafatti, Eugenio Paris, Ernesto Caña y María Teresa Carrer.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
