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Denunciaron al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunto ocultamiento de datos vinculados a las privatizaciones. La acusación de Unión por la Patria señala irregularidades en la tasación de AySA y el bloqueo de información al Congreso mediante la reserva de documentos oficiales sobre privatizaciones.
Diego Chaher entró al gobierno de Javier Milei empujado por el ex ministro y empresario José Luis Manzano en el inicio de la gestión, cuando el socio de Daniel Vila acercaba posiciones con el mandatario en un proceso que lo depositó en el círculo principal del poder bajo la conducción libertaria.
Chaher se desempeñó más de dos décadas en distintas posiciones ejecutivas del grupo Vila Manzano antes de desembarcar en la función pública.
En julio de 2024, el Gobierno Nacional lo designó como responsable del plan para la privatización de las empresas públicas. A dos años de ese nombramiento, el grupo de los mendocinos para el que trabajó el funcionario privatizador avanzó a fondo sobre activos públicos y privados en los servicios, la energía y la minería.
Ahora, la presentación de los legisladores cuestiona el procedimiento administrativo utilizado para establecer el valor de las empresas estatales sujetas a privatización. No hubo reparos formales en la posibilidad del registro de incompatibilidades en el desempeño del funcionario privatizador frente a ofertas de sus ex patrones.
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Presentación ante la Procuraduría
Legisladores pertenecientes al bloque de Unión por la Patria formalizaron una demanda contra Diego Chaher ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Este organismo es el encargado exclusivo de investigar irregularidades en el ámbito de la administración pública nacional y proponer sanciones disciplinarias. El escrito judicial cuestiona el procedimiento administrativo utilizado para establecer el valor de las empresas estatales sujetas a privatización.
El texto de la demanda pone el foco principal en el proceso de licitación en curso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según la documentación aportada en el expediente judicial, el Gobierno Nacional avanza con la venta del 90 por ciento del paquete accionario de dicha compañía proveedora de servicios hídricos sin la publicación previa de un precio base oficial.
La presentación también involucra de manera directa a Julio Villamonte, actual presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo técnico responsable de dictaminar el valor económico de los activos físicos y operativos del Estado. Los legisladores sostienen en su presentación que la ausencia de un valor base documentado de acceso público impide determinar en la actualidad si las ofertas del sector privado representan un perjuicio para el patrimonio estatal.
Reserva de informes oficiales
El conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y la oposición legislativa experimentó un avance en el plano administrativo tras la entrada en vigencia de la Resolución ATEP 1/2026. A través de esta normativa, Diego Chaher determinó que la totalidad de los informes de tasación y valuación de las empresas que operan bajo su órbita adquieran la categoría legal de documentos reservados.
Esta calificación jurídica restringe el acceso al público general a los registros técnicos e impide su envío protocolar a las comisiones legislativas encargadas del seguimiento.
Desde las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados y en el Senado, los representantes argumentan que esta disposición reglamentaria bloquea las facultades constitucionales de auditoría y control del Poder Legislativo. Señalan que la imposibilidad de analizar los balances corporativos, las proyecciones de venta y los inventarios de infraestructura anula de hecho el seguimiento de las operaciones financieras que involucran la enajenación de activos.
Jurisdicción externa y contratos
En el marco de la aplicación de las facultades delegadas, Diego Chaher confirmó el diseño de una arquitectura legal específica para la redacción de los contratos de transferencia. Según las directivas emitidas por el presidente Javier Milei, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) estructura los pliegos de licitación estableciendo cláusulas de jurisdicción externa para la resolución de controversias.
Este mecanismo jurídico implica que cualquier litigio a futuro sobre la titularidad de las acciones o la prestación de los servicios se dirimirá en tribunales internacionales.
El objetivo expuesto por el funcionario es establecer condiciones contractuales que fijen penalidades financieras para el Estado Nacional en caso de que una futura administración decida revertir las concesiones otorgadas o proceda a reestatizar los bienes en proceso de transferencia al sector privado.
Requerimientos en la Comisión Bicameral
A principios del mes de octubre, Diego Chaher concurrió a las instalaciones del Congreso de la Nación para brindar un informe técnico sobre el curso de su gestión. La exposición institucional se desarrolló en la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
Durante dos horas, el funcionario detalló el cronograma de ejecución de los procesos de privatización habilitados por la Ley Bases. Ante los requerimientos formales formulados por los legisladores, justificó la falta de publicación de las tasaciones oficiales mediante el argumento de la protección de estrategias de negociación en el mercado de capitales.
Esta argumentación no modificó la postura de los bloques opositores, cuyos integrantes confirmaron la continuidad de las medidas legales cursadas en los fueros judiciales pertinentes.
