Un exfuncionario de Alfredo Cornejo denunció este viernes en la Fiscalía de Estado al Ejecutivo por omisión de información clave en el Informe de Impacto Ambiental que la empresa Impulsa Mendoza realizó para el tratamiento legislativo del denominado "Malargüe Distrito Minero Occidental" que pretende pasar por la Legislatura cientos de proyectos extractivistas en un sólo trámite.
El denunciante es Eduardo Sosa, ex jefe de Gabinete de la Secretaría Ambiental, quien señaló ante la Fiscalía que "el Informe de Impacto Ambiental presentado por el proponente omite dos cuestiones esenciales para todo procedimiento de EIA, que son la descripción del proyecto a desarrollar (en este caso las actividades específicas que realizará cada proyecto minero dentro del espacio territorial) y el ecosistema donde se realizarán dichas actividades, despojando a la evaluación de impacto ambiental de su principal característica, que es la de confrontar un proyecto con su entorno ecológico, económico y socio-cultural".
"Es un estudio de impacto ambiental que no especifica ni los proyectos, ni los posiciona en un mapa, ni dice quien lo hará. Con eso, es imposible evaluar técnicamente un proyecto inexistente, ubicado en un lugar desconocido, y que no se sabe cuando ni quién lo hará", señaló Sosa a EXPLÍCITO.
Sosa le pidió además a la Fiscalía que en caso de desestimar su denuncia "se constituya como actora en defensa del interés público promoviendo acción de amparo colectivo contra la resolución Nro 3/24 de la DPA y Nro. 17/24 de la Dirección de Minería, y en querellante penal contra los funcionarios intervinientes por incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Cornejo pretende que la Legislatura trate rápido el impacto ambiental colectivo en vez de que se evalúe cada proyecto como establece la 7722. En la víspera, arengó a los legisladores a "dar una señal a los inversores".
Según detalló Sosa, Cornejo presentó "un estudio ambiental de carácter general para un área muy extensa, utilizando retazos de otros estudios vinculados a Portezuelo del Viento y Centro de esquí El Azufre, que seguramente no son representativos ni por escala ni por detalle a lo requerido para este caso".
En su embate final contra la 7722, el gobernador blanqueó el mecanismo para pasar por encima de las leyes preexistentes con otras que tentaran a empresas mineras de capitales extranjeros.
Con la aprobación del RIGI, Cornejo redobló el impulso extractivista. Sosa realizó un detallado análisis del Impacto Ambiental del archipromocionado "distrito minero" y, además de las omisiones de información, detectó irregularidades que violan las leyes. Por esa razón, además de la denuncia, le pidió a la Fiscalía que, en caso de desestimar su denuncia, sea garante del interés colectivo con un amparo ambiental.
La demanda remarcó que "pretendiendo compensar la notable carencia de información sobre los proyectos mineros que se desarrollarán", Impulsa Mendoza presenta una "simulación de posibles combinaciones de proyectos, en un total de 8 proyectos simultáneos (2 por cada sector de los 4 en que se divide el distrito minero), sin mencionar qué proyectos serán estos (y por lo tanto donde estarán ubicados dentro de la extensión de 20 mil km2 de extensión), quienes o qué empresas lo ejecutarán, y sin mencionar la especificidad de cada proyecto, para lo cual presenta un conjunto de posibles acciones en lo que llamaríamos un 'proyecto modelo'".
La presentación en la Fiscalía de Estado:
