Miembros de la comunidad Diaguita Kallchaki "La Aguada", en Salta, fueron reprimidos por la policía tras insistir en su reclamo contra una bodega que estaría usurpando sus tierras. El operativo, aseguran los miembros de la comunidad originaria, fue en represalia porque ellos denuncian que la Bodega Puna acaara la zona de riego de la obra comunitaria de agua de red. Denunciaron que el gobernador Juan Manuel Urtubey dio la orden para garantizar el negocio de una bodega que estaría usurpando sus tierras.
Las tierras en disputa son partes de Finca El Mollar, que maneja Luis Montero Alesanco, propietario de la bodega La Puna, en la localidad de Cachi, en los Valles Calchaquíes.
La represión policial fue filmada por la Policía de Salta y luego difundida por ellos mismos en sus canales de propaganda. Terminó con seis detenidos.
La bodega La Puna se encuentra ubicada en el paraje La Aguada, finca el Mollar, a nueve kilómetros de Cachi. Los miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki que allí residen aducen que son dueños de esas tierras y que la empresa se apoderó de territorio comunitario y que funciona con financiamiento del Estado.
David Pastrana, delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS), le dijo al diario La Gaceta: “La comunidad no acepta las medidas que toma la empresa, la bodega avanza sobre las tierras que no son de su propiedad, sobre los recursos de la comunidad, la obra comunitaria del agua, se apropian del sistema de riego quitando la fuente de trabajo y ahora van sobre la zona pastoreo, viviendas, corrales, sitios sagrados”.
Así mismo, Pastrana comentó que se realizaron varias denuncias y que la fiscal María Juárez Matta dio la orden de no innovar para ninguna de las partes. "Sin embargo, la bodega hizo caso omiso a la orden y decidió avanzar el lunes con sus maquinarias, por lo que de la comunidad decidimos hacerle frente y frenar con la marcha", dijo.
“Aquí la Constitución y las leyes no corren para los pueblos originarios, casi seis siglos igual, la policía defiende intereses privados sin ninguna orden”, expresó un vocero de la comunidad a Página/12.
