Día Mundial del Agua: asambleístas vuelven a las calles para frenar el incesante lobby minero

En el Día Mundial del Agua, la Asamblea Popular por el Agua saldrá otra vez a las calles con consignas que trascienden la efeméride y muestran que el lobby minero sigue vivo en Mendoza.

En un extenso comunicado recordaron desde el intento de voltear la 7722 en diciembre de 2019 merced a un pacto UCR-PJ, a los más recientes embates contra esa ley, que van desde la zonificación pedida por el intendente de Malargüe, a las tretas para dinamitar la cordillera por parte de la minera San Jorge.

La nueva intentona de Rodolfo Suarez espara abrir la puerta a la megaminería es reformar la Constitución para darle autonomía a los municipios. En la misma reforma incluyó un artículo clave para que la los pedidos de inconstitucionalidad sean tratados por el pleno de la Corte (que le responde), y no por la sala penal (donde la UCR no es mayoría). Este cambio sería clave en demandas pendientes contra el fracking, por ejemplo.

Suarez pretende que la Suprema Corte en pleno resuelva pedidos de inconstitucionalidad

Este es el comunicado completo de la Asamblea, que desde las 18 se concentrará en Sarmiento y San Martín para marchar por la Peatonal y culminar con un festival en la Plaza Independencia:

Por ello, en el día del Agua pura, las asambleas y movimientos sociales y ambientales salimos a las calles para exigir a los gobiernos nacional y provincial que frenen todo extractivismo que atente contra la vida en los territorios, sea megaminería, fracking, cultivos con agrotóxicos, etc.

Exigimos Agua para todos los barrios y viviendas. Que el Estado provincial garantice a todxs Ixs ciudadanxs de Mendoza el agua potable y el saneamiento, derecho inalienable declarado hace ya 11 años por la ONU. Reclamamos que ponga en práctica todas las medidas tendientes a garantizar el agua potable para todas las viviendas que hoy no tienen agua o padecen frecuentes y largos cortes. Más allá del contexto ya permanente de menores caudales, sabemos que las sucesivas empresas y gobiernos llevan décadas desfinanciando la infraestructura de las redes de agua y de cloacas, mientras ofrecían el Agua de Mendoza a empresas mineras y de fracking.Consideramos que hoy el gobernador Rodolfo Suárez cuenta con una coyuntura favorable para remediar este problema que aqueja a muchos miles de mendocinxs, pues la Nación está enviando grandes montos de dinero en compensación por viejas deudas con la provincia. Suárez debería tomar la decisión política de invertir ese dinero, que no es de la casta político-empresaria sino de todxs lxs mendocinxs, en lo prioritario y urgente para la sociedad: ampliar y renovar los sistemas de potabilización y las redes de agua potable y cloacas. Así se garantizaría que ninguna familia de La Favorita, el oeste de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, el piedemonte de Luján, y de todo el territorio mendocino, sufra por falta de agua potable, y se evitaría que las napas freáticas se sigan contaminando con efluentes cloacales.

Exigimos agua para Ixs campesinxs y pueblos originarios. Los territorios no irrigados de Lavalle y las comunidades huarpes que los habitan deben ser tratados en pie de igualdad, y garantizados sus derechos, incluyendo el Agua necesaria y de calidad. Los campesinos deben contar con Agua suficiente y apta para producir alimentos agroecológicos. Sabemos también que debido al cambio climático se

requieren urgentes mejoras del sistema de riego, pero deben ser en beneficio de todxs y no de una pequeña elite. AGUA, para beber y producir alimentos sanos, es la necesidad prioritaria de lxs mendocinxs para nuestra vida y futuro, y a ello deberían destinarse los fondos antes mencionados.

Por eso decimos Sí a los ríos libres, NO al proyecto Portezuelo del Viento, cuya construcción agotaría aquellos fondos. Pero sobre todo, porque pondría en riesgo las formas de vida de lxs pobladorxs del paraje Las Loicas y generaría enormes y graves impactos sobre la disponibilidad hídrica y el ambiente todo a lo largo de la cuenca del río Colorado, incluyendo a pueblos hermanos de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Para colmo, los estudios ya realizados señalan que por los menores caudales debido al cambio climático, el proyecto generaría la mitad o menos de la electricidad anual que promete el gobierno: sería totalmente antieconómico. Seguimos denunciando que el único fin de Portezuelo del Viento es calmar la sed de negocios de empresarixs como Pescarmona, de la empresa china Sinohydro (que en Ecuador construyó con graves fallas la presa Coca Codo Sinclair), y amigxs del poder de turno.

Repudiamos la contaminación, acaparamiento, contención en represas y otras violencias sobre el Agua y la Madre Tierra. Lo que le hagan a ella nos lo hacen a nosotrxs, pues somos Agua. La falta de agua apta y de cloacas acentúa la desigualdad y violencia hacia las mujeres, ya inequitativamente recargadas de tareas domésticas y de cuidado.

Exigimos la aprobación de las leyes de prohibición del Fracking, de creación de las Áreas Naturales Protegidas Uspallata-Polvaredas y del sistema de humedales Leyes-Tulumaya, y garantiz agua necesaria para sostener estos ecosistemas. Y allí y en toda la provincia, ejecutar planes de manejo con recursos y personal suficiente, monitoreo y control periódico, acciones de educación y concienciación ambiental, dar información permanente, completa y de fácil acceso sobre todo lo relativo al ambiente.

Garantizar el riego necesario para el buen mantenimiento del arbolado y los espacios verdes públicos. Reclamamos a Fiscalía de Estado y al Gobierno provincial que respeten las autonomías municipales y dejen de atacar Ordenanzas surgidas de la voluntad popular, que promueven el bienestar y la salud de sus pobladores y el ambiente.

Este 22 de marzo marchamos en solidaridad con el pueblo de Chubut, rechazamos los intentos del panqueque gobernador Arcioni de avanzar con su proyecto de zonificación minera, aún a costa de poner en riesgo la paz social. Repudiamos las arbitrarias represiones policiales y persecuciones judiciales contra compañerxs chubutenses, mientras lxs responsables de reiterados y devastadores incendios, y también de desaparición de pobladores, permanecen impunes. Exigimos al gobierno nacional y a los provinciales que cumplan plenamente la Ley de Bosques Nativos, y hagan todo lo necesario para terminar con los incendios forestales intencionales y por desidia estatal. De manera similar a lo que vivimos las decenas de miles que luchamos en las gloriosas jornadas de diciembre de 2019 por la recuperación de nuestra Ley 7722, tenemos plena confianza en que la fuerza del Chubutaguazo hará caer los planes de lxs políticxs asociadxs a los intereses mineros, verdaderxs enemigxs de nuestros pueblos.

En el mismo sentido, repudiamos al Intendente de Malargüe, Juan Ojeda, por pretender una zonificación minera que deje sin efecto la Ley 7722 en su departamento. El intento de excepcionalidad que pretende Ojeda es parte del embate de lobby minero auspiciado por un séquito de mercenarios en los medios hegemónicos. Asimismo, repudiamos al Intendente de Las Heras, Daniel Orozco, por su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial que plantea como deseables la megamineria metalifera y el fracking, y su Código Urbano favorable a desarrollos inmobiliarios con torres de altura para las élites.

Denunciamos y repudiamos que Minera San Jorge atenta contra la paz social en Uspallata e insiste en imponer su proyecto, sin importarle que ya fue rechazado rotundamente. Hacemos responsable al gobierno de Rodolfo Suárez por seguir fogoneando en nuestra querida provincia un enfrentamiento social entre el pueblo, que lleva 18 años resistiendo con éxito a la megaminería, y sectores empresariales

y políticos que pretenden violar el reiterado mandato popular soberano: NO A LA MEGAMINERÍA.