A dos años de conocerse a través de denuncias públicas el calvario que vivieron niños y niñas sordomudos abusados por sacerdotes en el Instituto Próvolo, de Luján, en Mendoza, familiares de esos chicos emitieron un comunicado donde exigen al gobierno políticas públicas de acompañamiento a las víctimas y acusaron a la justicia por sus omisiones y dilaciones.
Solicitaron a la Dirección General de Escuelas (DGE) que implemente la ley de Lenguaje de Señas para una verdadera inclusión de las personas sordas y que rinda cuentas del seguimiento pedagógico realizado a los ex estudiantes del Instituto Próvolo víctimas de los abusos.
Recordaron en ese sentido que "la primera denuncia sobre las aberraciones que ocurrían en el Próvolo de Mendoza fue realizada por una familia en 2008. Esta denuncia fue negada por los representantes de la institución y olvidada por la justicia".
Compañía de María para la educación de Sordomudos fue fundada en 1841 por Antonio Próvolo. Es una institución eclesiástica con sede en Mendoza y La Plata en Argentina, y en Verona,Italia cuya supuesta razón de existencia es el cuidado y la educación de niños y adolescentes sordos.
"Los silencios y ocultamientos institucionales permitieron que estos terribles hechos ocurrieran. En la actualidad, de los 15 imputados, uno de ellos fue declarado inimputable y otro, Jorge Bordón, pidió juicio abreviado, a través del cual le otorgaron 10 años de condena efectiva por las 11 causas que se le imputaron. Por su parte, el sacerdote Nicola Corradi y la monja Kosaca Kumico consiguieron el beneficio de prisión domiciliaria", señalaron los familiares, que tienen el patrocinio legal de Xumek..
"Estas fueron otorgadas a pesar de las manifestaciones de peritos de la justicia y de víctimas que se opusieron a este privilegio". La complejidad de los hechos ocurridos en esta institución religiosa amplió el círculo de los acusados iniciales a otros que cumplían diversas funciones “por acción u omisión” ante los hechos investigados, remarcaron.
"Ha habido numerosos intentos de desprestigiar a los profesionales intérpretes de LSA quienes acompañan y dan voz a las víctimas. El objetivo no ha sido otro que deslegitimar los testimonios de las víctimas ante la sociedad y golpear una vez más a quienes fueron tantas veces vulnerados mediante la revictimización", acusaron los familiares.
La fiscalía ha ordenado tanto al Arzobispado de Mendoza como a los síndicos judiciales, Dante Simón y Alberto Bochatey, enviados por el Vaticano para que entreguen pruebas de toda la investigación que han realizado. "Hasta la fecha han hecho caso omiso al pedido de la justicia. La Iglesia como institución ha demostrado su poder y sus explícitas intenciones de seguir ocultando y protegiendo a quienes han cometido estos atroces crímenes", agregaron quienes hoy acompañan a las víctimas.
Un capítulo aparte merece la venta del inmueble del Instituto Próvolo, adquirido recientemente por el municipio de Luján de Cuyo dirigido por Omar De Marchi, en una acelerada transacción económica con la Orden San José a espaldas de las víctimas y sus familiares.
"En febrero de este año la fiscalía entregó la propiedad a las autoridades del Próvolo, con la condición de que no podían realizarse modificaciones sustanciales sin comunicación previa; entendiendo que el proceso judicial que inició hace dos años ha incluido numerosas declaraciones por parte de las víctimas, que se han ido ampliando a lo largo de los meses, y que corroborar lo que allí ha sucedido por parte de la justicia merece el reconocimiento y ubicación específica de cada lugar. El edificio cambió de propietario, y la venta del inmueble se realizó a un valor mucho menor del real. Los abogados representantes de los sobrevivientes y sus familias han realizado una serie de acciones judiciales para garantizar que las víctimas tengan derecho a su resarcimiento", indicaron en el escrito.
Modus Operandi
Con el avance de la investigación, Xumek tomó conocimiento de una gran cantidad de hechos aberrantes de abuso sexual y corrupción de menores. Se pudo desentrañar el modus operandi de los acusados: elegían entre sus víctimas a los niños y niñas más vulnerables, en un primer momento se los maltrataba físicamente. Generalmente se trataba de aquellos que se albergaban en la institución y cuyo núcleo familiar se encontraba en zonas lejanas, de esta forma se limitaban las posibilidades de que los mismos transmitan lo ocurrido a sus familias. Si el niño o la niña era reticente a los golpes o daba aviso a su familia, no llegaba a ser víctima de abusos pero sí de al menos malos tratos. Si por el contrario, no comunicaba lo ocurrido a su familia, se transformaba inmediatamente en víctima de delitos sexuales.
Se entiende que estos niños y niñas también han sido víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes con la finalidad de aumentar el grado de vulnerabilidad de las víctimas, para someterlos sexualmente y asegurar la impunidad, incluso los levantaban de sus camas por las noches y los llevaban al jardín en invierno, o los encerraban en una habitación sin luz ni comida por días, como método de tortura.
Petitorio de los familiares
1. Exigimos la eliminación del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino con la derogación de la ley 17032.
2. Exigimos que se establezca un dispositivo interdisciplinario específico de atención integral para los sobrevivientes y su núcleo familiar primario. El objetivo de ese dispositivo debiera ser restituir derechos vulnerados atendiendo a las necesidades económicas, educativas y sociales de cada sobreviviente y familia para garantizar su plena inclusión social. Para ello es necesario el establecimiento de un trabajo articulado de las diversas instituciones del Estado que garantice la plena asistencia en tiempo y forma.
3. Exigimos a la Subsecretaría de Desarrollo Social, la inclusión en políticas sociales para los sobrevivientes, tales como: acceso a AUH con discapacidad, pensión no contributiva, activación del Programa Incluir Salud si lo requiriera sin ningún tipo de demora. También se debe garantizar los medios económicos para la participación de lxs sobrevivientes y sus familias en todas las instancias del proceso judicial (traslados, viáticos, etc.)
4. Exigimos a la DGE que a partir de la atroz experiencia oralista del Próvolo se ponga en completa vigencia la Ley Nº7393 de Lengua de Señas que rige en todo el territorio provincial y que garantiza su enseñanza tanto en las escuelas especializadas en Personas Sordas como en las escuelas comunes. Esto es condición necesaria para la verdadera inclusión de las personas sordas dentro y fuera de las escuelas. Y que su enseñanza incluya sin excepción a un/a Referente Sordo.
5. Exigimos que DGE dé cuenta del seguimiento pedagógico realizado a los ex estudiantes del Instituto Próvolo de modo que se garantice su derecho a la educación y permanencia en las instituciones educativas con los ajustes razonables y los apoyos especializados que se requieran.
6. Exigimos que se brinde atención integral con una red de profesionales de la salud (Salud Mental) en el territorio, y que cuenten con asistencia de intérpretes de Lengua de Señas, debido a que las consecuencias de las situaciones de abuso y violencia en las víctimas y sus familias plantean la necesidad de respuestas efectivas, que incluya la salud mental en sus lugares de residencia.
7. Exigimos que las instalaciones del Ex Colegio Antonio Próvolo, hoy pertenecientes al Municipio de Lujan de Cuyo, no sean modificadas. Ya que el edificio no solo representa la única posibilidad de resarcimiento económico para las víctimas y sus familiares, sino también el recuerdo imborrable de una época de horror que no puede pasarse por alto, consideramos fundamental alimentar la memoria para que estos casos, que no son aislados, no vuelvan a ocurrir. Resulta imperioso su resguardo como memorial. Porque la verdad y la justicia es para todos, con nuestras voces y nuestras manos rompamos el silencio.
Colectivo por la restitución de derechos a los sobrevivientes del Próvolo, conformado por: Sobrevivientes y Familiares del Próvolo - Mendoza; Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Asociación Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad; La Colectva-Mendoza; APAPACHAR, Asociación de Promotores de Derechos de Niñez y Adolescencia; INCLUIR, Servicio de Protección de Derechos e Irrompibles
Hitos de la causa
La investigación comienza a partir de una denuncia penal a finales del año 2016, realizada por una víctima y testigo de múltiples abusos sexuales en el Instituto religioso para niños sordos Antonio Próvolo.
NOVIEMBRE 2016: Días después de realizada la mencionada denuncia, Xumek presenta un amicus curiae en el cual recomienda a la fiscalía de Instrucción que durante la investigación penal se apliquen normativa nacional e internacional sobre protección integral para personas con discapacidad; a su vez, mediante la secretaría de Litigio Estratégico, Xumek se convierte en representante de la querella, defendiendo los intereses de víctimas y familiares.
DICIEMBRE 2016: Se conocen los antecedentes del cura Nicola Corradi, quien había sido trasladado desde Verona a nuestro país en 1984, luego de múltiples abusos a niñxs en Italia.
ABRIL 2017: Se dicta el pedido de captura contra una monja que cumplía funciones de cuidadora en el albergue, Kumiko Koraka, acusada de participar en los abusos. Fue detenida y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.
ABRIL 2018: Se presenta una denuncia contra enviados del Vaticano por parte de los abogados de la querella, entre ellos Lucas Lecour y Sergio Salinas (presidente y vicepresidente de Xumek, respectivamente), a Dante Simón y Juan Martínez, por disponer de información esencial para la agilización en el esclarecimiento de los casos y no haber proporcionado la misma a la Justicia.
JULIO 2018: La jueza de garantías, Alejandra Alonso, no hizo lugar al pedido de nulidad presentado por la defensa de uno de los imputados, Armando Gómez. Al mismo tiempo presentó sus conclusiones sobre el proceso e informó que la causa será elevada a juicio, para juzgar a los 4 primeros imputados (Armando Gómez, Jorge Bordón ex administrativos del instituto y los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi).
Informe sobre los abusos de sacerdotes del Próvolo en Verona, Italia:
