“El Gobierno de Mendoza aprobó y envió a la Legislatura una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada, cuando antes debería haber solicitado a la empresa que salvara todas las observaciones al proyecto”, señalaron los vecinos, aludiendo a la Ley General del Ambiente 25675. Para la Asamblea, “la información presentada es incompleta y la ley exige certeza científica previa (no posterior)”.
Violación de la Ley 7722
Denunciaron que “el gobierno no ha solicitado dictamen sectorial a los municipios de la Cuenca del Río Mendoza” y que “tampoco se está garantizando la tutela del recurso hídrico fijada en el art. 1”. Además, remarcaron que la empresa “no ha respondido a todas las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales”.
Monumentos Naturales en riesgo
La Asamblea subrayó que el proyecto se emplaza en hábitats protegidos por la Ley de Monumentos Naturales Provinciales N° 6599, donde “no se deberá permitir actividad humana alguna y el acceso al público deberá ser controlado”. En ese territorio habitan especies como el guanaco, el choique, el cóndor y el gato andino.
Violación del Acuerdo de Escazú
Respecto al tratado internacional, los vecinos denunciaron que “el gobierno no ha garantizado la participación plena en el proceso de aprobación, llevándose lejos la audiencia pública y negando la posibilidad de un plebiscito en Uspallata”. Calificaron la audiencia oficial como “fraudulenta”, realizada en un sitio privado con “derecho de admisión”.
Por ello organizaron la Audiencia Pública del Pueblo, donde “la población se pronunció de manera certificada, masivamente en contra de PSJ”.
Persecución a opositores
El comunicado acusa al gobierno de “perseguir a opositores a Minera San Jorge, con represión, grupos de choque (como la patota de la UOCRA), censura, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y el armado de causas inventadas”. Según la Asamblea, estas prácticas constituyen “una política de abuso de poder y de posición dominante, con mano dura y prácticas antidemocráticas”.
Derecho constitucional a un ambiente sano
Recordaron que en 2009 presentaron un proyecto de ley de iniciativa popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, “con toda la fundamentación técnica, científica, legal y jurídica que algo así requiere”. Sin embargo, denunciaron que “el lobby empresarial y la discrecionalidad oficial vienen pisándola”.
Consulta a Pueblos Originarios
La Asamblea remarcó la falta de Consulta Libre, Previa e Informada a las comunidades, tal como establece el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional. “Este proceso no está siendo ni libre ni previo ni informado”, advirtieron, y cuestionaron que se haya resuelto un protocolo “sin participación indígena”.
Cuenca hídrica y falsedades técnicas
Finalmente, rechazaron los argumentos hidrogeológicos de la empresa, que sostiene que el proyecto se ubica en una “cuenca cerrada” con “acuíferos confinados”. Según el comunicado, “el informe del Dr. José María Cortés (UBA-CONICET) desmiente esto desde lo técnico y lo científico, afirmando que no existen obstáculos para el escurrimiento superficial y/o subterráneo desde la mina San Jorge hasta el Río Mendoza, con la posibilidad certera de contaminación”.
Exigencias finales
La Asamblea concluyó exigiendo a la Legislatura:
- “Rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental de Minera San Jorge, ordenando el archivo definitivo del expediente.”
- “Sanción del Proyecto de Ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expediente legislativo 65858/2014/D.”
