La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) produjo un informe que indica que en todo el país hay 749 funcionarios públicos de fuerzas de seguridad y custodia investigados en 209 causas judiciales que tramitan en los fueros nacional y federal por hechos de violencia policial (47,5%), violencia en instituciones de encierro (31,9%) y corrupción en fuerzas de seguridad y custodia (19,9%). El relevamiento incluyó policías y penitenciarios de Mendoza.
Entre los 749 funcionarios, el 27,2 por ciento (204) fue elevado a juicio; el 19 por ciento (142) está procesado; el 13,1 (98) fue sobreseído; el 11,9 (89) tiene declaración indagatoria requerida; otro 9,1 (68) está con falta de mérito; hay un 6,5 (49) condenado; un 6 (45) absuelto, sobre un 3,9 (29) fue requerida su elevación a juicio, y un 3,3 (25) fue indagado.
Es decir, que 30% del total de uniformados acusados fue sobreseído, absuelto o ubicado bajo la carátula de falta de mérito. Al respecto la Procuvin indicó que "los porcentajes de funcionarios condenados y absueltos, dan cuenta de un escenario que obliga a continuar analizando criterios de recolección de pruebas, tiempos, y estrategias de persecución, para arribar a una instancia de juicio con mayores posibilidades de acreditación de los hechos y adjudicación de responsabilidad a sus autores".
También aseguró que "víctimas y testigos pueden seguir bajo la órbita de la fuerza a la que pertenece el victimario, por lo que se pueden activar represalias a quienes otorguen testimonios de cargo; imposibilidad de acceder a otros testigos ajenos a la sujeción de la fuerza penitenciaria; naturalización del fenómeno de la violencia carcelaria que genera una mayor tolerancia del accionar delictivo de la fuerza de seguridad; accionar delictivo que, por tratarse de un sitio con menores posibilidades de controles externos, se perpetra mediante autores que extraen las placas de identificación de sus uniformes".
El relevamiento realizado por la Procuvin en las causas que tramitan en el fuero nacional (porteño) y federal de todo el país permitió el cálculo de diferentes variables. Con el objetivo puesto en la búsqueda de esos datos, la Procuraduría a cargo del fiscal general Abel Córdoba definió a la violencia institucional "como todo acto perpetrado por funcionarios públicos de fuerzas de seguridad o custodia estatal y que, por acción u omisión, por vía directa o indirecta, producen graves aflicciones físicas o psíquicas en las personas, estén dichas víctimas vinculadas o no formalmente a procesos penales, y que en su ocurrencia cercenan el pleno goce de los derechos, en sus manifestaciones más graves llegan a conformar graves violaciones a los derechos humanos".
La Federal a la cabeza
De los 749 investigados, 252 (33,6 por ciento) son policías federales; 204 (27,2 por ciento) son agentes del Servicio Penitenciario Federal; 64 (8,5 por ciento) son policías metropolitanos; 49 (6,5 por ciento) son policías bonaerenses; 46 (6,1 por ciento) son gendarmes y 104 (13,9 por ciento) corresponden a otras instituciones, como la Armada Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), el Poder Judicial de la Nación, las policías de Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y San Luis, la Prefectura Naval Argentina, y los servicios penitenciarios Bonaerense, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Mendoza y de Catamarca.
En este contexto, casi el 40% de los casos corresponden a la justicia nacional (criminal y correccional) con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el 52% se distribuye entre las diferentes jurisdicciones federales, principalmente las de La Plata, Comodoro Rivadavia, San Martín, Mendoza, Capital Federal y General Roca, especifica la Procuvin.
Para la Procuraduría, "estos datos señalan que tanto las instituciones (fuerzas de seguridad o custodia) como los fueros y jurisdicciones donde se investigan los hechos exhiben una amplitud de distribución y extensión tal que permiten afirmar que no se trata de una dinámica focalizada o propia de una fuerza o territorio, sino de una práctica institucional fuertemente arraigada en la gestión normalizada del despliegue de sus funciones".
Fuente: fiscales.gov.ar
