En un duro comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fustigó al gobierno de Rodolfo Suarez por el cierre de tres escuelas de gestión social: la Escuela Campesina de Agroecología en Lavalle, el Bachillerato Popular Violeta Parra del barrio La Favorita y el CENS “Alejandra Soto” de la Casita Trinitaria en Km11 Guaymallén.
Se trata de tres centros educativos que vienen cumpliendo una tarea socioeducativa vital para las comunidades de las zonas. El CELS trabaja en conjunto con la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, que gestiona la escuela lavallina, y en ese contexto se enmarca el comunicado difundido en las últimas horas.
El 28 de diciembre la DGE comunicó que cancelaba el convenio de gestión de las escuelas, lo que en la práctica significa su cierre, ya que las comunidades educativas deberían buscar el financiamiento por su cuenta, pese a que ya pagan de su bolsillo muchos de los insumos necesarios para que funcionen.
La Escuela Campesina de Agroecología funciona desde 2011 y nuclea a más de 100 jóvenes adultos de la provincia. La propuesta que este centro educativo lleva adelante no solo tiene que ver con una formación pedagógica, enmarcada en el sistema educativo de Mendoza, sino también en una oferta que permite a las familias campesinas y a distintos estudiantes trabajar paralelamente en la ruralidad. Esto último es posible gracias a la organización curricular que el personal docente lleva a cabo en el marco de la ley de educación rural.
"La decisión del gobierno provincial implica una regresión en el derecho a la educación y formación de les campesines, y pone en riesgo experiencias que deben ser promovidas, de acuerdo a lo establecido por la ley federal 27.118, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena", consideró el CELS.
Este es el comunicado compeleto del CELS sobre la quita de apoyo a las escuelas:
Pese a su relevancia para la formación de las comunidades rurales, el 28 de diciembre el gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Gestión Social y Cooperativa, informó que rescindirá los convenios que dan marco a los CENS de gestión social, entre los que se encuentra la Escuela Campesina de Agroecología GS502, en el departamento de Lavalle.
En 2009, la Unión de Trabajadorxs de la Tierra- UST comenzó a elaborar un proyecto educativo basado en la agroecología y en la pedagogía de alternancia para dar una respuesta a las necesidades de acceso a la educación en las zonas rurales. Así, a partir de la lucha de las comunidades organizadas en la UST, en 2011 fue creada la Escuela Campesina de Agroecología por Resolución de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza. Desde 2013 más de 100 estudiantes finalizaron su formación en la escuela campesina, que además, permitió revertir las dificultades históricas de acceso al sistema educativo para quienes viven en el campo.
La escuela es gestionada por la organización bajo la modalidad de Educación de Gestión Social, reconocida, supervisada y parcialmente financiada por el Estado provincial. Todo el proceso pedagógico y administrativo se enmarca dentro de la legislación provincial y nacional y se encuentra supervisado y monitoreado por la Dirección General de Escuelas.
Es decir, que la rescisión del convenio con la Escuela Campesina de Agroecología impedirá que pueda entregar el título secundario a quienes estudian allí, afectará su reconocimiento académico y, también, los salarios docentes. A la vez la rescisión acarreará el quite del financiamiento estatal a la escuela.
La decisión del gobierno provincial implica una regresión en el derecho a la educación y formación de les campesines, y pone en riesgo experiencias que deben ser promovidas, de acuerdo a lo establecido por la ley federal 27.118, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena.
De acuerdo a esta norma, el Estado nacional debe elaborar y proponer propuestas relacionadas a la educación rural “en todos los niveles que tienen carácter de obligatoriedad, afianzando así una educación que revalorice su contexto inmediato, facilitando la construcción ciudadana de niños y jóvenes del ámbito rural; al mismo tiempo desarrollará programas que permitan adquirir valores, destrezas y habilidades propias del sector de la agricultura familiar.”
La Declaración de ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales también es clara respecto al derecho de les campesines a una formación adecuada que esté adaptada al entorno agroecológico, sociocultural y económico. La decisión también atenta contra el deber de fomentar el establecimiento de iniciativas de colaboración entre el ámbito de la agricultura y el de la ciencia, como indica la Declaración.
Es necesario y urgente que el gobierno de la provincia de Mendoza revise la decisión adoptada a fin de asegurar el derecho a la educación y a la formación de las comunidades campesinas, y que cuando inicie el calendario escolar de 2021 esté asegurada la vigencia de los convenios del CENS
Abrazo en defensa de las escuelas
Este jueves se hará en la explanada de Casa de Gobierno un "abrazo a la educación pública popular" desde las 8.30 para repudiar el cierre de las escuelas de gestión social y exigirle a Suarez que revea la medida.
