El CEO de YPF, Miguel Galuccio, está en Mendoza en las vísperas a la votación en la Cámara de Diputados de la Nación de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos acordadas por la Presidencia, las Gobernaciones de las provincias petroleras y la compañía estatizada.
El presidente de la petrolera fue convocado a dar la conferencia "Vocación por la energía. Nuevos profesionales, nuevos desafíos" en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, donde el gobernador Francisco Pérez fue parte del público.
Gallucio y Pérez esperan que Diputados de la Nación sancione la nueva Ley de Hidrocarburos diseñada por los técnicos de las petrolera para atraer grandes inversores trasnacionales con el potencial en petróleo no convencional que ostenta el país. El plan inicial de Gallucio fue resistido por los gobernadores petroleros, pero el mismo proyecto con mínimas modificaciones consiguió el aval de los mandatarios provinciales, tras una operación política de convencimiento encabezada por la presidenta Cristina Fernández que tuvo en Pérez a un operador para convencer a sus pares.
El proyecto obtuvo media sanción del Senado, tras ser sus impulsores interpelados por las comisiones legislativas pertinentes, con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados contra la oposición que lo rechazó. Mientras el oficialismo interpreta la nueva ley como una herramienta para acelerar el proceso de extracción de petróleo no convencional, para la oposición se trata de una norma para legalizar la entrega de los recursos naturales y la contaminación que sea necesaria para extraerlos.
Según Parlamentario.com, se descuenta que el proyecto contará con el número suficiente para ser convertido en ley, más allá de las reticencias de ciertos aliados, como los integrantes del Movimiento Popular Neuquino.
El proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina.
Asimismo establece que los emprendimientos off-shore tengan un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60 por ciento.
