El cornejista que comanda la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, concluyó que no es incompatible que la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se al mismo tiempo directora de YPF. Es decir, aunque la funcionaria está de ambos lados del mostrador, para el cornejismo que debe controlar al cornejismo no hay incompatibilidad.
En 2023, Cornejo logró retener el manejo de la oficina de Ética Pública, otro de los entes de control que forma parte de su entramado de poder. Fue en una votación secreta, de la que el oficialismo dejó trascender que Balsells Miró, exfuncionario y legislador radical, obtuvo 24 bolillas blancas.
Ahora el cornejismo absolvió al cornejismo: “Tanto el despacho precedente de Ética Pública No 949/24 como los posteriores pronunciamientos de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado coinciden en no advertir en este estadio agresión alguna al orden normativo; entendiendo en forma pacífica que en el sub examen no se encontraría vulnerado el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”, dice el dictamen firmado por el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Oficina de Ética, Sebastián Giordano; y confirmado por el auditor Gabriel Balsells Miró.
El ente se limitó a pedir una “medida preventiva” y como sugerencia indicó un “protocolo guía de actuación conjunta entre el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el objeto de garantizar la máxima transparencia en los procedimientos administrativos y así evitar cuestionamientos y/o planteos nulificatorios”.
La resolución de la oficina llegó tras una denuncia contra Latorre por incompatibilidad en su doble rol como directora de YPF, donde cobra su sueldo, ya que renunció a percibir su remuneración como ministra pero se quedó con la paga millonaria de la petrolera.
Latorre ensayó una defensa sobre el sueldo que cobra de YPF diciendo que "son honorarios" y no un salario. Como nota al margen: el 5 de abril el directorio de YPF propuso que en la asamblea de accionistas del próximo 26 de abril casi se quintupliquen sus salarios. Los directores quieren cobrar, entre todos, $10,18 billones, unos 70 millones para cada uno.
Todo derivó en una carambola de Cornejo, quien anunció que la provincia iba a cobrar los 70 millones de Latorre y los usaría para controlar a las mineras.
La cooptación de todo el poder
En línea con la cooptación total de entes de control que ejerce Cornejo, Balsells Miró está al frente de la oficina de Ética Pública desde 2018, y lo estará por otros cinco años, tal como hizo el oficialismo, de manera inédita, con el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, una pieza clave para el oficialismo en su plan de expansión del fracking con licitaciones blandas y rebaja de regalías por decreto.
Una de las que se opuso al nombramiento denunciándolo como parte de la estructura de poder cornejista fue Mercedes Llano, del PD, quien planteó modificaciones a la ley que establece requisitos para ocupar el cargo, entre ellos el de la reelección.
"Avanzaron sobre la oficina de ética pública, se presentan denuncias, quedan estancadas en ese ámbito. Negocios con Fiscalía de Estado, nos hemos cansado de presentar denuncias y ninguna prospera", remarcó en otra ocasión Llano.
