Con 26 votos a favor y 21 en contra, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de derogación de la Ley 8116 que prohíbe la comercialización del Misoprostol en farmacias de esa provincia, sancionada bajo el gobierno de Celso Jaque. El debate pasó al Senado.
Recientemente la ANMAT autorizó la venta de Misoprostol en todo el país, pero Mendoza y San Juan quedaron exceptuadas porque tienen leyes que indican que el medicamento para uso ginecológico solo puede ser utilizado en el ámbito hospitalario, institucional, sanitario y público.
En Mendoza la Ley 8.116 que limita la venta de misoprostol para casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue sancionada en 2009, durante el gobierno de Celso Jaque (PJ). Desde entonces, el misoprostol lo compra el Ministerio de Salud de Mendoza y lo administra la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva cuando una maternidad pública o privado solicita la medicación.
La diputada de la UCR Ana María Andía presentó un proyecto para derogar la Ley 8.116. "Se trata de desalentar el circuito clandestino, de poner a Mendoza en igualdad de condiciones a Mendoza con otras provincias en cuanto al expendio de esta droga, y remover barreras que obstaculizan el acceso a la interrupción legal del embarazo. Estamos hablando en todos los casos en el marco de la legislación vigente", señaló la autora del proyecto.
Entre las intervenciones de los diputados a favor de derogar la ley se anotó la neonatóloga Patricia Galván, del PJ, quien se explayó: "¿Se acuerdan cuando se quiso implementar la ley seca? ¿Para qué sirvió? Nadie debe decidir por mí. Lo que esta ley hace es complicar las cosas, estamos atentando contra un derecho. Tenemos que legislar sobre la realidad. Si no es con misoprostol va a ser con el perejil o con la percha, pero la mujer dispuesta a abortar lo va a hacer igual. Y lo que estamos obstaculizando es una práctica que sifuera hecha en condiciones legales no tendria riesgo. Sobre estos usos tendremos que legislar ¿Para qué son las leyes? Para mejorar la realidad. No podemos cerrar los ojos. Hay un vaciamiento de la salud pública y la educación. Hay oposición a la ESI en las escuelas".
Después de esta intervención fue el turno de Hebe Casado, del PRO, quien retomó el clásico argumento de contraponer delitos, repetido entre los que se oponen al aborto legal: "No podemos legislar para la ilegalidad. Si no vamos a legalizar los robos, los asesinatos, todo". La segunda vez que pidió la palabra fue para decir que se presentaron "300 mil firmas contra la venta del Misoprostol".
Eduardo Martínez, del bloque PI Protectora, señaló que la ley de prohibición es vergonzosa y que "la unica manera de que deje de haber mercado negro del Misoprostol es vendiéndolo en farmacia con receta archivada".
El bloque de Unidad Ciudadana acompañó en conjunto el proyecto de Andía. Lucas Ilardo explicó ese acompañamiento: "El debate no debería darse en esta cámara. A la Legislatura no le corresponde prohibir la venta de un medicamento porque son facultades del Congreso de la Nación a través de la ANMAT". Agregó que "las mujeres llevan muchos años luchando y se les va dando el reconocimiento por cuotas. Esto es un pasito más".
En contra se manifestó Pablo Priore, del PRO: "Se está buscando legalizar el aborto en forma encubierta. Si creemos que esto va a terminar con la venta ilegal en Mercado Libre somos unos tontos porque siempre va a haber casos donde no se lo van a querer recetar". Luego provocó al auditorio con una frase: "Los mismos que hoy acuden a los abortos clandestinos son los que van a acudir al Misoprostol de forma más fácil. La gente pobre no aborta. Estamos tratando de facilitar el aborto ilegal".
También se pronunció en contra el diputado del PJ Daniel Rueda, quien dijo que el Misoprostol produce "incluso el estallido del útero, con las consecuencias que tiene esto para la madre". Adhirió a los que rechazan la ley porque ven en ella un avance a la práctica de abortos: "¿Para qué quieren la venta en farmacia si el mismo prospecto dice que el paciente debe estar internado para usarlo? Le voy a decir para qué: para producir abortos clandestinos". Pidió que se archivara el proyecto.
Mailé Rodríguez (PTS-FIT), replicó a Casado: "Dicen falacias quienes quieren sostener esta ley que es la ley de la verguenza. Se nos ha tratado a las mujeres de asesinas, haciendo analogías con delitos del asesinato o robo por reclamar el derecho a tener un medicamento para tener las mínimas condiciones de seguridad para realizar interrupciones del embarazo. No son ellos quienes van a parir, quienes van a abortar. Por favor no hablen por nosotras. Dejen de negarnos nuestros derechos.. Es mentira que las mujeres pobres no abortan, que vayan a las barriadas. Quiero pedir un desagravio a las mujeres".
Por su parte, Macarena Escudero (FIT) indicó que “el Misoprostol es reconocido por la OMS como esencial para la salud reproductiva de las mujeres. En nuestro país, las únicas dos provincias que prohíben su venta en farmacias son San Juan y Mendoza, a pesar que la ANMAT ya lo ha autorizado. Estaríamos a contramano no sólo del resto del país sino de lo que establece la OMS respecto al derecho de las mujeres”. Su prohibición respecto a la comercialización, “permitió un gran mercado ilegal”, ponderó.
"Si 21 provincias argentinas tienen autorización para la venta porqué no tenerlo en Mendoza. El primer concepto es la igualdad de condiciones -señaló a su turno Mario Díaz, del PJ- . Esto iguala al pobre con el rico en alguna medida y termina con el mercado negro".
El radical Jorge Sosa se apegó a su "ideología y principios" para defender "al niño por nacer". "Nos preocupa la situación de las mujeres. Tenemos que ver cómo avanzamos en la solución de los problemas del sistema. Pero no queremos justificar en que el sistema no funcione correr estos riesgos de tener abortos ilegales, el riesgo de que la mujer por no tener a su alcance la atención médica, me lleva a votar en contra de que se derogue".
