Santiago Márquez Gauna, el fiscal jefe de Cipolletti que llevó adelante la acusación contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por violar la ley al impedir un aborto no punible a una mujer violada, explicó los alcances técnicos de la resolución por la que se lleva al médico a juicio.
"En primer lugar hay una ley en Río Negro (N. de la R: es la 4.796) que reglamenta cómo se lleva adelante la interrupción legal del embarazo. Eso obliga a los funcionarios públicos de los hospitales de Río Negro a cumplir con este derecho que está asegurado a toda la ciudadanía rionegrina. Por otra parte el doctor Rodríguez Lastra había tomado conocimiento con anterioridad del hecho de que la chica quería interrumpir legalmente el embarazo, que se había acercado al hospital de Fernández oro y había cumplido con todos los requisitos que la ley prevé para una interrupción legal del embarazo, y él ya en esa oportunidad había recomendado que se le hiciera un examen psiquiátrico, que no es un requisito que establezca la ley", indicó el fiscal en una entrevista con radio UNCo Calf.
Cuando la víctima del accionar del médico llegó al hospital de Cipolletti con el proceso ya iniciado, derivada del hospital de Fernández Oro, ella fue medicada "sin su consentimiento" con medicamentos que interrumpieron ese proceso. "Eso es contrario con la ley y con el derecho que tenía esa persona", indicó el fiscal.
Se le imputa a Lastra el "incumplimiento de los deberes de funcionario público que es lo que se le imputa a todos los que no cumplen la ley según el Código Penal, que en el artículo 248 penaliza a los que no cumplen una ley nacional o provincial". De ser hallado culpable, el ginecólogo puede ser penado con un mínimo de un mes a dos años de prisión y el doble de inhabilitación profesional. "No obstante −ponderó el fiscal− no sólo se reafirma la vigencia de una norma con la pena efectiva sino con una sentencia que le hace saber a los funcionarios que quien incumple una ley a propósito, es decir con dolo, puede ser sancionado por esto".
Acerca de la objeción de conciencia, que protege la ley provincial, Márquez Gauna indicó que ni Rodríguez Lastra ni los demás médicos del Hospital de Cipolletti están inscriptos como objetores de conciencia al momento del hecho en cuestión.
Acerca de la joven que fue obligada a parir, el fiscal indicó que "es una situación bastante compleja porque esta bastante mal y ha sufrido muchisimo, hay un equipo completo trabajando con ella. Su estado de salud es bastante precario al día de la fecha".
