El Gobierno de Mendoza admitió la existencia de glaciares en la zona de la cordillera de Malargüe donde quieren extraer cobre. Sin embargo, buscando mostrar que hay controles y transparencia ordenó detener dos de los proyectos, pero avanzar con otros 27 y llamar a audiencia pública para lo que será Malargüe Distrito Minero 2.
Tras la divulgación de un lapidario informe de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), generó en diciembre la suspensión de la audiencia, trámite que ahora el Gobierno retomó.
La audiencia pública será el próximo 12 de abril en el Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe.
La alarma por los glaciares
Los proyectos mineros "Piedras Verdes" y "MEL" fueron rechazados debido a la presencia de cuerpos de glaciares inventariados por el IANIGLA, lo cual respalda las advertencias previamente emitidas por la UNCuyo.
El informe de la universidad, publicado a finales del año pasado, acusó al proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental de ignorar los glaciares y el ambiente periglacial, incumpliendo la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639).
El documento enfatiza la necesidad de establecer distancias precisas que delimiten estos ambientes antes de iniciar cualquier actividad minera para cumplir con el artículo 6 de dicha ley.
Cornejo avanzó pese a las advertencias
A pesar de estas advertencias, el gobierno aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, desoyendo las violaciones a la Ley de Glaciares.
Sin embargo, la presión de los informes técnicos y las denuncias judiciales obligaron al gobierno a suspender la audiencia pública inicialmente prevista, reprogramándola para el próximo 12 de abril.
Según Jerónimo Shantal, director de Minería, "Esta decisión de la Autoridad Ambiental Minera coincide con los informes técnicos de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que había recomendado la no aprobación de estos dos proyectos en particular."
Avance de otros 27 proyectos
Mientras tanto, los 27 proyectos restantes siguen adelante. Los expedientes serán enviados a diversos organismos sectoriales, incluidos la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros. Estos organismos tendrán la tarea de analizar toda la información y emitir dictámenes sobre las áreas de su competencia, lo cual determinará el futuro de la actividad minera en la región.
Denuncias en la justicia
En coincidencia con dos nuevas denuncias contra la extracción de cobre en la cordillera de Malargüe, el Ministerio de Energía y Ambiente suspendió a fines de diciembre la Audiencia Pública prevista para el 8 de febrero de 2025.
Al amparo colectivo que se presentó en la Justicia, se sumó la acción de la red ambiental OIKOS, que acudió a la Suprema Corte con un pedido de inconstitucionalidad. La Corte, cooptada por el cornejismo, deberá resolver en pleno sobre este asunto.
Una tercera acción fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en la Justicia Federal de Mendoza. Se trata de una cautelar, que fue rechazada por el juez Pablo Quirós Sin embargo, elevó la causa a la Corte Suprema de la Nación, lo cual es leído como una señal positiva por los ambientalistas.
La jueza María Angélica Gamboa rechazó la cautelar que contenía el amparo, pero las otras dos acciones siguen en pie.
