El Gobierno de Mendoza reconoció oficialmente que omitió consultar a las comunidades originarias del sur provincial antes de aprobar el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” que habilitaba proyectos mineros en territorios indígenas. La admisión quedó plasmada en la Resolución Nº 139-EyA, que revoca el protocolo impulsado por Alfredo Cornejo y Javier Milei, y ordena iniciar un nuevo proceso de diálogo con las comunidades mapuche.
La política persecutoria de Cornejo con los pueblos originarios es una constante desde su primera gobernación
La medida tiene consecuencias inmediatas: el proyecto minero “Merlot-Syrah”, promovido por la empresa Nueva Gran Victoria S.A. en el Distrito Minero 1 de Malargüe, quedó oficialmente paralizado. La iniciativa contemplaba la prospección y exploración de dos minas —“Syrah” y “Merlot”— para la extracción de cobre y oro diseminado en la zona de Las Vegas, Butamallin.
El reclamo que desarmó el protocolo
El expediente EX-2025-03311335-GDEMZA-CCC fue presentado por Gabriel Jofré, werkén del Lof El Sosneado y autoridad del Kume Feleal de la Organización Identidad Territorial Malalweche, en representación de más de veinte comunidades mapuche con personería jurídica. En él, se impugna la Resolución Nº 130/2025 que aprobó el protocolo sin consulta efectiva, aplicando “criterios restrictivos e inconstitucionales”.
Jofré denunció además el desconocimiento del relevamiento territorial del INAI y la falta de especialización del órgano de aplicación. Exigió la nulidad absoluta del procedimiento y la reformulación integral del protocolo conforme al Convenio 169 de la OIT y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pueblos originarios denunciaron ante la CIDH el protocolo minero que firmaron Cornejo y Milei
Dictamen jurídico y giro institucional
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente dictaminó que el reclamo debía ser admitido como recurso administrativo, aplicando el principio de informalismo en favor del administrado. El dictamen reconoce que el protocolo genera “incertidumbre jurídica” y que no se convocó a la Organización Malalweche, considerada representativa por el Estado, aunque la propia organización aclaró que no representa a la totalidad de las comunidades originarias.
La Resolución Nº 139-EyA adopta el dictamen y dispone tres medidas concretas: admitir el recurso, instruir a la Dirección de Minería a coordinar una reunión con Malalweche, y archivar el expediente. El primer encuentro se realizará este viernes 5 de septiembre en Malargüe, donde las comunidades presentarán su propio petitorio y una propuesta de ley provincial de consulta previa.
Voces desde el territorio
Durante el programa radial Kume Rupu, Jofré profundizó su crítica al protocolo y al accionar estatal, y puso en tela de juicio las intenciones que pueda tener el oficialismo con la "consulta de la consulta".
“No caemos en la trampa de ser los sparring, o sea, estar enfrente de ellos para que nos golpeen.”
El werken advirtió que el protocolo “todavía no tiene vigor” y que contiene “errores conceptuales” que lo vuelven inaplicable en áreas dispersas. La comunidad Butamayén ya notificó formalmente que no iniciará el proceso de consulta vinculado al proyecto Merlot-Sheridan hasta que se realicen reuniones generales y una audiencia conciliatoria.
Denuncia ante la CIDH
El 22 de julio, organizaciones mapuche de Mendoza y otras provincias denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación derivada de los proyectos extractivos en territorios indígenas. La CIDH escuchó testimonios sobre desalojos, criminalización y falta de reconocimiento territorial.
La revocación del protocolo y la paralización del proyecto minero marcan un punto de inflexión en la política extractiva provincial. El reconocimiento del error por parte del Estado tensiona el discurso oficial sobre participación ciudadana y abre una nueva etapa de diálogo, donde las comunidades originarias exigen que la consulta previa deje de ser una formalidad y se convierta en ley.
