Con una narrativa que apunta a responsabilizar al Poder Judicial por el crecimiento del delito, el Gobierno de Alfredo Cornejo presentó una reforma del Código Procesal Penal que busca instalar una serie de ideas que responsabilizan a la Justicia: los jueces trabajan poco, las audiencias se concentran en pocas horas del día y el sistema judicial está desbordado.
“El 86% de las audiencias se realiza entre las 8 y las 13, mientras un conjunto de 36 jueces penales colegiados recibe 20.000 causas al año, y los tribunales de juicio apenas 1.800”, denunció la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, al justificar el proyecto.
La iniciativa, presentada junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, propone ampliar el horario de audiencias, redistribuir la carga de trabajo entre jueces y reorganizar la Oficina de Audiencias. Según Rus, el objetivo es “evitar frustraciones, reprogramaciones indefinidas y fortalecer la percepción de la ciudadanía sobre la Justicia”.
Pero detrás de la reforma técnica, se despliega una ofensiva política: el Ejecutivo busca instalar que la Justicia es responsable del avance del delito, en una provincia golpeada por la pobreza, el desempleo y el ajuste económico que el propio Cornejo respalda.
Mendoza sitiada por la crisis
El gobernador reconoció meses atrás que “hay gente que tiene más incentivos por trabajar en el narcomenudeo que tener un trabajo legal y formal”, en un contexto donde el 52,5% de los habitantes del Gran Mendoza son pobres y la indigencia alcanza el 14,2%.
En paralelo, avaló el plan de ajuste y despidos de Javier Milei: “Sabemos que estos cambios generan un incremento de la pobreza, pero apoyamos la línea general de este gobierno”, dijo Cornejo, en referencia al plan de dl libertario.
Durante sus gestiones, tanto Cornejo como Rodolfo Suarez destruyeron empleo privado registrado. En el caso del actual mandatario, el deterioro del mercado laboral fue incluso peor que el causado por la pandemia.
Jueces en la mira
En su cruzada contra el Poder Judicial, Cornejo volvió a atacar a magistrados que, según él, aplican la ley con “criterio laxo”. “Es vergonzoso cómo actúan algunos jueces, cómo aplican las leyes”, afirmó, al referirse a un caso de reincidencia detectado por el sistema AFIS. Para el gobernador, el problema no es estructural ni económico: es judicial.
En ese contexto, semanas atrás la emprendió contra el juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, a quien incluso pretende someter a un jury. Sarmiento es uno de los jueces que Cornejo no logró cooptar.
Delitos en alza y narcomenudeo sin freno
Cornejo admitió que “en el resto de los delitos hay crecimientos y decrecimientos en robos simples, en hurtos, está muy atado a la inflación”. Entre los delitos más frecuentes mencionó el robo de celulares, neumáticos, autos, autopartes y herramientas rurales.
Pero fue su referencia al narcomenudeo lo llamativo respecto a la admisión de una crisis profunda en Mendoza. “El narcomenudeo es sumamente rentable, objetivamente hay gente que tiene más incentivo de trabajar en el narcomenudeo que salir a buscar un trabajo en blanco. El narcomenudeo no está penado”, afirmó Cornejo, en una frase que sintetiza el colapso del mercado laboral y la falta de alternativas económicas para miles de mendocinos.
¿Reforma judicial o cortina de humo?
La reforma del Código Procesal Penal se presenta como una solución técnica a un problema estructural. Pero en el contexto de ajuste, despidos, pobreza y crecimiento del delito, la ofensiva contra la Justicia parece más una estrategia política que una política pública.
Con una provincia sitiada por la crisis, el Gobierno de Mendoza busca instalar que los jueces son los responsables del desborde social. Mientras tanto, el narcomenudeo se consolida como salida económica, los salarios de pobreza se naturalizan y el Estado se desentiende de sus propias responsabilidades.
Tres pilares de la reforma judicial impulsada por Cornejo
- Ampliación del horario de audiencias penales: Se propone extender la franja horaria al turno vespertino para evitar demoras y permitir que los casos se procesen de forma más ágil. Actualmente, el 86% de las audiencias se concentra entre las 8 y las 13, lo que genera cuellos de botella y frustraciones en el avance de las causas.
- Multiplicación de operadores judiciales: El proyecto busca potenciar el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitiría que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se aumente la capacidad operativa del sistema judicial sin elevar el gasto público.
- Reorganización de la Oficina de Audiencias: Se plantea optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones y postergaciones evitables, y asegurar un flujo ordenado de los procesos judiciales. Esto apunta a mejorar la eficiencia del sistema y evitar el mal uso de herramientas como el juicio abreviado o las condenas condicionales.
