La tensión en la comunidad educativa de las escuelas de Mendoza va en aumento. Al proyecto del oficialismo para penalizar a las familias por el bullying de sus hijos o tutelados, se sumó una nueva avanzada sobre el control laboral docente. El Gobierno de Mendoza incorporó una función en la plataforma GEI PAD que habilita a los padres a reportar directamente la inasistencia de los profesores. Presentada como una herramienta de transparencia, la medida refuerza un sistema de vigilancia que ya contaba con registro biométrico y auditoría institucional. Ahora, desde sus celulares, las familias pueden “delatar” a los docentes, sin conocer las causas reales de la ausencia.
Lo que comenzó como una modernización del antiguo GEM —con acceso a calificaciones, certificados y horarios— se transformó en una plataforma de fiscalización. El GEI PAD, que en sus inicios buscaba acercar a las familias a la vida escolar, les otorga ahora un rol de supervisores. Si un docente falta, el sistema debe saberlo no sólo por certificados médicos, sino también por la mirada parental.
Control sin sustento
La medida, aún no oficializada por normativa, ya circula en los entornos escolares. “Todavía no habilitan la función, pero en breve lo van a hacer. El Gobierno viene endureciendo los mecanismos de auditoría sobre licencias y ausencias, al punto que se complica cargar los certificados. Si hay demoras de pocas horas, te auditan y te sale como falta no justificada”, explicó Cecilia D’Hiriart, referente gremial de Las Heras.
La dirigente advierte que el objetivo es cruzar datos: si un padre denuncia, el sistema coteja con la carga de certificados. “Aparece en el GEI el listado de docentes para que los padres tilden el nombre. Es nefasto, porque los padres no saben por qué el chico no tuvo clases. Esto va a generar graves perjuicios para los docentes y grandes tensiones con la comunidad educativa. Vamos a terminar con mucha conflictividad escolar”, alertó.
Presentismo como política
Este nuevo canal de denuncia se inscribe en una política de presentismo que Alfredo Cornejo viene profundizando desde 2016, cuando implementó el cuestionado “ítem aula”. Este adicional salarial, que no se incorpora al básico, se pierde ante cualquier inasistencia, incluso por huelgas. Desde entonces, muchos docentes concurren enfermos para no ver afectado su sueldo.
La lógica se replica en otros adicionales como el “arraigo”, que premia la permanencia en una misma escuela pero también se pierde con las faltas. Ante este panorama, el SUTE solicitó que se protocolicen enfermedades graves para evitar penalizaciones económicas. El pedido, hasta ahora, no ha sido atendido.
La escuela como espacio de vigilancia
La incorporación de los padres como agentes de control refuerza una narrativa oficial que asocia calidad educativa con presencia física del docente, sin considerar condiciones laborales, sanitarias o pedagógicas. La escuela pública mendocina se transforma así en un espacio donde el reloj, el director y ahora también las familias vigilan cada minuto de clase.
Lejos de fortalecer el vínculo entre comunidad y escuela, la medida amenaza con erosionarlo. La delación como política educativa no sólo desconoce los canales institucionales de justificación, sino que instala un clima de sospecha permanente. En lugar de mejorar la calidad, se profundiza la precarización.
