Con mayoría oficialista, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por Alfredo Cornejo. Presentado como una herramienta para “agilizar los procesos penales” y “fortalecer la respuesta judicial”, la iniciativa se apoya en tres pilares: ampliar el horario de audiencias, redistribuir la carga de trabajo entre jueces y reorganizar la Oficina de Gestión de Audiencias Penales (OGAP).
Con Cornejo a la cabeza, el Gobierno busca instalar que los jueces trabajan poco y son co-responsables por el avance del delito en Mendoza
Pero detrás de la retórica técnica, el proyecto despliega una ofensiva política que busca instalar la narrativa de que el Poder Judicial es responsable directo del crecimiento del delito en Mendoza, golpeada por el ajuste, el desempleo y el avance del narcomenudeo, que el propio gobernador reconoce como más rentable que un trabajo nen blanco en esta provincia.
En paralelo al avance legislativo, Cornejo profundiza su narrativa contra jueces que no le responden y a quienes responsabiliza del avance del delito. “Es vergonzoso cómo actúan algunos jueces”, afirmó semanas atrás, al anunciar su intención de someter a jury al juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, uno de los pocos magistrados que no logró cooptar.
Audiencias vespertinas
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación obligatoria del turno vespertino para la realización de audiencias penales. Según datos oficiales, entre 2023 y 2024 se realizaron 45.482 audiencias, de las cuales el 86% ocurrieron entre las 8 y las 13 horas. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, denunció que “hay una capacidad edilicia ociosa” y que “los jueces trabajan poco”, justificando así la necesidad de extender la franja horaria.
La reforma establece que los debates correccionales —más de 4.000 al año— deberán realizarse exclusivamente en el turno vespertino, a cargo de los Tribunales Penales Colegiados. Legisladores oficialistas como Enrique Tomás (PRO Libertad) defendieron la medida: “Se trata de eficientizar el funcionamiento de la justicia penal, sin generar gasto extra. Hoy la mayoría de las audiencias se concentran en la mañana, lo que demuestra una infraestructura ociosa”.
Debate legislativo: ¿Eficiencia o disciplinamiento?
Durante el tratamiento en Diputados, se evidenció una fuerte polarización. José Luis Ramón (Protectora) apoyó el proyecto afirmando que “los jueces del tribunal penal colegiado se van a tener que poner a laburar”, y que “hay personas privadas de la libertad que siguen esperando sin sentencia”. Para él, la reforma permitirá acelerar procesos y evitar que la población carcelaria siga creciendo por falta de audiencias.
Hubo críticas contundentes de otros opositores. Jorge Difonso (LUM) adelantó el voto negativo de su bloque, señalando que “el proyecto mejora el servicio en una región en desmedro de otras”, y que obligará a personas de Valle de Uco a trasladarse al Gran Mendoza para acceder a sus audiencias. También citó objeciones del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción.
Emanuel Fugazzotto (PV) fue más directo: “El problema no está en cuántas audiencias fijan los jueces, sino en cómo vamos a hacer para que trabajen como corresponde. Los jueces ganan más que el gobernador y no cumplen con su tarea”. Además, advirtió que “el sistema acusatorio adversarial quedará en jaque” y que hay zonas sin fiscalías operativas.
Germán Gómez (PJ) reveló que, según informes de la Comisión Bicameral de Seguridad, “hay un promedio de una audiencia por día por fiscal, y un 50% de audiencias que fracasan porque no se hacen”. Aunque reconoció que “hay que darle más celeridad a la justicia”, expresó dudas sobre la eficacia real del proyecto: “Me genera muchas dudas que sea una herramienta adecuada para tratar esa problemática”.
