Después de 10 días que expusieron las tensiones y la fractura social generada por el proyecto minero San Jorge, el Gobierno de Mendoza cerró la audiencia que organizó junto a la minera en la estancia Yalguaraz, en Uspallata, desestimando la masiva participación ciudadana que se expresó en una audiencia alternativa organizada por vecinos autoconvocados.
Mientras el proceso institucional se desarrolló en un predio privado, con estrictos controles de seguridad, la parroquia del pueblo fue epicentro de una convocatoria espontánea, comunitaria y transversal. Esta instancia participativa fue ninguneada por la ministra de Ambiente, Jimena Latorre, quien la calificó de "hipócrita", y por el director de Minería, Jerónimo Shantal, quien postuló: "Lo que no existe en el expediente, no existe".
Audiencia oficial: control, discurso empresarial y legitimación judicial
La audiencia oficial se realizó en un campamento minero perteneciente a la empresa San Jorge, alejado del centro urbano. El acceso estuvo restringido por controles policiales en la ruta y seguridad privada en el ingreso. Los asistentes debían identificarse y portar un precinto para ingresar. El tono fue marcadamente institucional: participaron representantes de la Cámara Minera, funcionarios provinciales y municipales, y vecinos que, en medio de la precariedad laboral, ven en la minería una posible salida.
Según el Gobierno, el 60% de los inscriptos se manifestaron a favor del proyecto, que se presenta como “minería sostenible en el marco de la normativa”.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, anticipó el cierre del proceso y declaró: “Lo que no existe en el expediente no existe”, en referencia a la audiencia popular. La ministra Jimena Latorre fue más allá: calificó de “hipócrita” la organización vecinal y comparó los tóxicos del proyecto con lavandina, lo que generó fuertes críticas.
Pese a las denuncias judiciales presentadas contra la audiencia oficial, tanto el juzgado interviniente como la Fiscalía de Estado avalaron su realización, reforzando el blindaje institucional del proceso.
Audiencia del pueblo: masiva, diversa y refrendada por el Episcopado
En paralelo, la parroquia de Uspallata se colmó de vecinos, activistas, referentes ambientales y comunidades originarias. Según la Asamblea por el Agua, asistieron más de 2.400 personas y se registraron 1.592 pronunciamientos certificados por escribano público.
El caravanazo que recorrió pueblos desde las 3 de la madrugada marcó el inicio de una jornada que fue refrendada por el Episcopado y que contó con la participación de ciudadanos de toda Mendoza y otras provincias.
Dos audiencias por San Jorge reavivaron la fractura social que causó la minería en Uspallata
Distancia física y simbólica
La distancia física y simbólica entre ambas audiencias expone un modelo de participación pública que privilegia el discurso empresarial y excluye la voz del territorio.
Mientras el Gobierno cierra el expediente sin incorporar los pronunciamientos populares, miles de mendocinos siguen defendiendo el agua, el ambiente y el derecho a decidir sobre su futuro.
