Tras el portazo de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), el Gobierno de Mendoza dilata el conflicto con los anestesistas y, por lo tanto, se extiende la espera de más de 5 mil personas que esperan una cirugía. El Ejecutivo no sólo pautó recién para dentro de "15 o 20 días" una reunión de la "mesa de diálogo" con estos profesionales, sino que insistió a través de sus voceros en que no dará el aumento salarial que piden.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud avanza con los sumarios para suspender las matrículas a los anestesistas que se niegan a trabajar por un salario menor al que pretenden.
"Acceder al pedido de aumento de las prestaciones sería llegar a diciembre sin poder pagar sueldos. Tenemos que cuidar las cuentas públicas. Ya tuvieron un aumento de 40% en marzo, que es lo que se acordó con todos los gremios, y habrá una instancia de revisión en septiembre", remarcó Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, quien integra esa mesa de supuesto diálogo del oficialismo.
En ese sentido, Lombardi dijo que no aumentarán las prestaciones como piden los anestesistas, porque tampoco lo hará con los maestros y los demás empleados públicos. "Está previsto en los aumentos paritarios reabrir la discusión en septiembre, allí se van a aumentar seguramente las prestaciones", insistió el diputado en diálogo con radio Nihuil.
El salario docente en Mendoza perdió 46% de su poder de compra en la gestión de Cornejo y Suarez
Ese punto de inflexión llevó, el viernes pasado, a que la AMA se retirara de la mesa de negociación con el Ejecutivo. Mientras tanto, los 68 anestesistas que renunciaron se niegan a retornar a sus puestos de trabajo pese a las amenazas de Rodolfo Suarez y Ana María Nadal, que a diario usan los medios masivos para intentar torcer el brazo a los profesionales médicos.
La semana pasada, Suarez hizo mutis por el foro en la batalla que mantiene con los anestesistas, se mantuvo fura de la provincia y de paso esquivó las esquirlas por el escándalo que derivó del pacto con el pastor Bonarrico de pagarle 18 millones de pesos a cambio de bajar su candidatura.