En medio de una creciente disputa con vecinos y ambientalistas por la explotación de oro y cobre en Uspallata, el Gobierno intensifica la promoción de los controles de la Policía Ambiental Minera (PAM). Con esto busca reforzar la imagen de supervisión eficiente e intenta vencer la resistencia social a la minería en la villa cordillerana.
Apenas dos semanas después de la liberación de dos vecinos detenidos tras liderar protestas contra la megaminería, el Ejecutivo intenta reposicionar el tema como eje central de su agenda pública.
En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Energía ha destacado la reciente suspensión de actividades en un yacimiento de tercera categoría (áridos) en Uspallata como una prueba de los controles implementados.
Sin embargo, los detractores ponen en duda la eficacia de estas medidas y advierten sobre los riesgos ambientales asociados con la minería a cielo abierto y gran escala.
Visitas guiadas
A la par de la promoción de los controles, el Gobierno y los propietarios de la mina San Jorge han organizado visitas guiadas a las zonas donde se planea extraer oro y cobre. Este movimiento es interpretado por muchos como una estrategia para ganar apoyo y minimizar la oposición.
El debate sobre la minería en Mendoza no solo pone en evidencia las tensiones entre desarrollo económico y preservación ambiental, sino también la brecha de confianza entre la ciudadanía y el Gobierno. Con la disputa aún lejos de resolverse, Uspallata se mantiene como un símbolo de resistencia frente a los megaproyectos extractivistas en la región.
